La gestión municipal en la República Dominicana ha dado un giro importante con la reciente modificación del artículo 21 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, aprobada mediante la Ley 75-25 en el año 2025. Este cambio no puede verse como un simple ajuste de porcentajes; es en realidad una transformación de la manera en que los ayuntamientos deberán planificar, gastar e informar sobre el uso de los recursos públicos.
Durante años, la distribución de los fondos municipales estuvo regulada bajo un esquema rígido: hasta un 25 % destinado a la nómina, hasta un 31 % a los servicios y al funcionamiento ordinario, al menos un 40 % a inversiones en obras de infraestructura y un 4 % para programas de educación, salud y género. Ese diseño buscaba ordenar el gasto, pero en la práctica limitaba la flexibilidad de los ayuntamientos para responder a las múltiples necesidades de sus comunidades. No es casualidad que, en varias ocasiones, alcaldes y técnicos municipales reclamaran mayor margen para manejar sus presupuestos de acuerdo con la realidad de cada territorio.
Con la nueva modificación, el panorama cambia de manera sustancial. A partir de ahora, los gobiernos locales podrán destinar hasta un 30 % a nómina y personal, un 5 % de manera obligatoria a programas de educación, salud y género, y un robusto 65 % para inversión, infraestructura y servicios, todo dentro de un mismo bloque de ejecución. Lo que antes estaba fragmentado ahora se concentra en menos categorías, lo que abre la posibilidad de un manejo más eficiente y estratégico de los fondos, siempre y cuando se haga con planificación y transparencia. Además, este cambio se conecta con lo que establece la Constitución de la República en sus artículos 199 y 200, que reconocen la autonomía municipal y la responsabilidad de los ayuntamientos de diseñar políticas públicas en beneficio de sus comunidades.
El nuevo esquema abre oportunidades, pero también plantea riesgos que no pueden ignorarse. Entre las ventajas más claras se encuentra el hecho de que los ayuntamientos dispondrán de más recursos para obras comunitarias, equipamientos y servicios básicos, lo que permitirá responder con mayor contundencia a problemas de agua potable, alumbrado, asfaltado, mercados o cementerios. Además, al aumentar del 4 % al 5 % la partida para programas sociales, se fortalece la inversión en sectores sensibles como la educación, la salud y la equidad de género, enviando un mensaje claro de que los gobiernos locales deben también ser garantes de bienestar social. El aumento de la nómina al 30 % da un pequeño margen de respiro para contratar más personal técnico y operativo, algo necesario en muchos municipios donde la demanda de trabajo supera la capacidad instalada.
Pero también existen riesgos serios. El incremento en nómina puede usarse de manera inadecuada si se convierte en excusa para inflar plantillas con nombramientos clientelares, debilitando la eficiencia en lugar de fortalecerla. El bloque del 65 % para inversión y servicios, aunque positivo, puede convertirse en un terreno fértil para la improvisación o el gasto discrecional si no se organiza bajo planes claros y consensuados con la comunidad. Y no se puede olvidar que la presión social también aumentará: con más recursos para obras y servicios, la ciudadanía exigirá resultados visibles y medibles en menor tiempo, lo que eleva la responsabilidad de cada alcalde y regidor.
Un ejemplo práctico ilustra mejor lo que significa este cambio. Pensemos en un ayuntamiento que recibe 100 millones de pesos al año. Con la ley anterior, podía gastar hasta 25 millones en nómina, 31 millones en servicios, al menos 40 millones en infraestructura y apenas 4 millones en programas sociales. Con la nueva modificación, ese mismo cabildo tendrá 30 millones disponibles para nómina, 5 millones para programas de educación, salud y género, y nada menos que 65 millones para inversión, obras y servicios. En la práctica, se trata de 25 millones adicionales en el bloque más sensible para la ciudadanía. Ahora bien, ese incremento no será una carta en blanco: la comunidad esperará más calles iluminadas, más aceras y contenes, más mercados ordenados y más obras tangibles que mejoren la vida diaria. Incluso, un barrio que reclame simultáneamente alumbrado, aceras y la reparación de su mercado ya no tendrá que esperar que esas inversiones se dividan en distintas partidas, porque el 65 % permite agrupar y responder de forma más integral.
Aquí entra en juego un aspecto que no se puede pasar por alto: los Planes Operativos Anuales (POA). Estos documentos, que muchas veces eran vistos como un requisito burocrático, hoy se convierten en la herramienta más esencial para la gestión municipal. No se trata solo de que la ley lo exija, sino de que los POA permiten organizar y dar sentido al presupuesto, definir prioridades reales y medir los avances con claridad. Un ayuntamiento que aplique su POA con seriedad sabrá exactamente en qué gastar, cuánto invertir y cómo rendir cuentas. Sin POA, en cambio, lo que reinará será la improvisación, el desorden y la pérdida de legitimidad frente a la ciudadanía.
A esto se suma un segundo factor que hace aún más relevante la planificación: la nueva Ley de Compras y Contrataciones. Este marco obliga a que los gobiernos locales trabajen con mayor transparencia, ordenando los procesos de adquisición de bienes y servicios y eliminando la discrecionalidad. El POA y la Ley de Compras se complementan: uno da la ruta y el otro garantiza la transparencia del camino. No basta con tener dinero, hay que saber usarlo bien, demostrar cómo se utiliza y dejar evidencia de que se gasta para la gente, no para intereses particulares. Además, la ciudadanía tiene ahora un rol clave: no basta con que los cabildos planifiquen, los munícipes también deben exigir rendición de cuentas, participar en las consultas comunitarias y velar por el cumplimiento de cada meta presupuestaria.
Por eso, la modificación del artículo 21 no debe interpretarse como un permiso para gastar más, sino como un compromiso para gobernar mejor. Hoy los ayuntamientos tienen más herramientas y más recursos, pero también más ojos vigilando y más obligaciones que cumplir. La historia reciente de la gestión municipal nos recuerda que las leyes no cambian la realidad por sí solas; lo que cambia la realidad es la voluntad política de aplicarlas correctamente y la capacidad técnica para hacerlo bien.
El mensaje final es claro e ineludible: los gobiernos locales ya no tienen excusas. Cuentan con un marco legal que les da más recursos para inversión, un aumento para programas sociales y un margen mayor para organizar su nómina. Cuentan además con instrumentos como los POA y con un régimen de contrataciones más transparente. La pelota está en su cancha. O convierten esta oportunidad en desarrollo y confianza ciudadana, o caerán en los mismos errores de siempre: improvisación, clientelismo y falta de resultados. La comunidad sabrá distinguir entre quienes gobiernan con responsabilidad y quienes desperdician la oportunidad que la ley les acaba de otorgar. La transparencia y la planificación no son un lujo: son el camino para que cada obra se convierta en orgullo comunitario y no en promesa incumplida. Ha llegado la hora de la transparencia, la hora de la planificación y la hora del verdadero servicio público. Los ayuntamientos no pueden fallarle a su gente.
