En las alturas de la Cordillera Central, donde el aire es más frío y el agua nace entre bosques y rocas, se encuentra una de las regiones más extraordinarias y, al mismo tiempo, más vulnerables de la República Dominicana. Constanza, Jarabacoa y Tireo, junto a sus distritos municipales, conforman un corredor ecológico y productivo que sostiene la agricultura de altura, resguarda la biodiversidad de montaña y alimenta los principales sistemas de agua y energía del país. En estas cumbres nacen los ríos Yaque del Norte, Yuna, Nizao y Yaque del Sur, fuentes vitales que abastecen acueductos, hidroeléctricas y distritos de riego esenciales para millones de personas. Pero los datos no mienten: en la cuenca alta del Yaque del Norte se ha perdido más del 20 % de su cobertura boscosa y cada sequía nos recuerda que el país no puede seguir depositando su seguridad hídrica en un territorio que comienza a mostrar señales claras de agotamiento.
Fue al entender esa realidad que comprendí que las intervenciones aisladas, los proyectos dispersos y las buenas intenciones no serían suficientes para proteger lo que es, en esencia, el corazón vivo del país. Mientras trabajábamos en el Plan Municipal de Desarrollo de Constanza, analizando leyes, normas, brechas institucionales y limitaciones operativas, se hizo evidente que las montañas no podían continuar gestionándose como tres municipios independientes. Pensarlas como un solo sistema —una biosfera estratégica donde el agua, el suelo, la biodiversidad, la producción y las comunidades forman un entramado inseparable— era ya una urgencia técnica, ambiental y económica.
A partir del análisis y del diálogo con especialistas ambientales y territoriales surgió la idea de crear un mecanismo capaz de unir estos territorios de montaña bajo una sola visión. Así nació la propuesta de la Mancomunidad de las Altas Cumbres, diseñada desde la Dirección de Planificación Municipal de Constanza, debatida y aprobada por su Concejo de Regidores y posteriormente valorada de manera positiva por el Ministerio de Medio Ambiente. Ese primer paso confirmó que el país estaba preparado para asumir una gobernanza distinta, más integral y más eficiente, capaz de superar la fragmentación administrativa que históricamente ha limitado el desarrollo regional.
Una chispa determinante ocurrió cuando tuve la oportunidad de participar en el Seminario sobre la Construcción de Ciudades Resilientes y Verdes, desarrollado en Beijing y Shanghái en abril de 2025. En ese espacio pude conocer modelos de planificación por cuencas, resiliencia climática, gestión integrada de territorio, inversión verde y gobernanza avanzada. Esa experiencia me proporcionó claridad conceptual, referencias técnicas y metodologías que terminaron de perfilar lo que hoy es un proyecto robusto: un instrumento jurídico capaz de proteger la montaña, fortalecer su productividad, ordenar su desarrollo y preparar a sus comunidades para los impactos del cambio climático, sin contradecir ninguna de las leyes existentes y, por el contrario, articulando todas en un marco operativo coherente.
De ese proceso acumulado surgió el Proyecto de Ley de las Altas Cumbres, formalmente sometido por la diputada Gabriela María Abreu Santos y actualmente en estudio en la Comisión Permanente de Medio Ambiente y en la Comisión de la Presidencia. El avance legislativo del proyecto ha sido uno de los indicios más contundentes de su pertinencia nacional: la Cámara de Diputados lo tomó en consideración sin ninguna objeción, y lo remitió simultáneamente a dos instancias estratégicas. Ese doble envío —a Medio Ambiente y a la Presidencia— no es un simple trámite; es una señal política y técnica de que el Congreso reconoce en esta iniciativa un proyecto estructural para el país. Cuando una propuesta supera su primera revisión sin reparos jurídicos ni técnicos y entra de inmediato a órganos decisorios de alto nivel, el mensaje es claro: se trata de una herramienta viable, necesaria y de interés nacional. Las Altas Cumbres, así, dejaron de ser un asunto local para convertirse en un tema de Estado que toca el corazón mismo de la seguridad hídrica, climática, productiva y económica de la República Dominicana.
Este proyecto plantea la montaña como un sistema integral; introduce la resiliencia como eje de toma de decisiones; formaliza una gobernanza regional con capacidad real de coordinación; estructura un Fondo Regional de Inversión y Sostenibilidad para movilizar recursos públicos, privados e internacionales; integra sus proyectos al Sistema Nacional de Planificación para asegurar inversión pública de calidad; incorpora el principio de zonificación responsable del territorio, permitiendo evaluar y sumar áreas con características ambientales, altitudinales y productivas semejantes; y se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la Estrategia Nacional de Desarrollo, abriendo la puerta a financiamiento climático y cooperación internacional.
La dimensión económica es tan importante como la ambiental. La protección del capital natural no es un freno al crecimiento; es la única forma de garantizar que la agricultura de altura continúe siendo competitiva, que el turismo de naturaleza crezca con calidad, que la infraestructura no sufra daños recurrentes, que el empleo verde se expanda y que la región pueda atraer inversión con reglas claras y visión de largo plazo. La degradación tiene un costo económico real; la conservación y el ordenamiento territorial, en cambio, multiplican oportunidades.
El proyecto, aunque centrado en Constanza, Jarabacoa y Tireo, no excluye la posibilidad de integrar territorios de montaña con dinámicas similares, como Rancho Arriba/Ocoa y Guayabal/Padre Las Casas, una recomendación planteada por ambientalistas como Eleuterio Martínez. Lo esencial es que cualquier ampliación responda a criterios de zonificación responsable, análisis técnico y coherencia territorial, y no a consideraciones coyunturales.
Al momento de escribir estas líneas, el proyecto no es aún ley: está en proceso, sujeto a ajustes, debates y construcción de consensos. Pero su llegada al Congreso sin objeciones y su inmediato envío a comisiones clave demuestran que la República Dominicana empieza a comprender que proteger las Altas Cumbres no es una preferencia ambientalista, sino una prioridad nacional.
Las montañas nunca han sido el borde del mapa: siempre han sido su origen. Lo que se protege en la cumbre se agradece en el llano. Por eso, el Proyecto de Ley de las Altas Cumbres representa una oportunidad histórica para ordenar el territorio, blindar la seguridad hídrica, fortalecer la producción, elevar la resiliencia, dinamizar la economía y garantizar que las generaciones futuras encuentren en estas montañas no un territorio agotado, sino un territorio vivo, productivo y sostenible.
“Ojalá que, como el agua que nace en silencio en lo más alto, esta propuesta encuentre su cauce natural en el Congreso y pueda descender convertida en ley para dar vida a todo el país.” DT
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Colección: Territorio y Nación – Ensayos sobre Desarrollo Municipal, Político y Social.
