Por Manuel García Rodríguez para cátedra de Comunicación y Relaciones Públicas [R2-2023]
En la era de la inmediatez digital, la velocidad con la que viaja la información es solo comparable con la rapidez con la que se olvida. Sin embargo, estamos presenciando un fenómeno cada vez más recurrente y peligroso: la resurrección de noticias, tanto falsas como oficiales, sacadas de su contexto original para manipular la opinión pública actual. Este reciclaje informativo no es un simple error; es una táctica deliberada con un profundo impacto en la confianza y el debate social.
El mecanismo es sencillo pero efectivo. Una noticia de hace cinco años, una declaración oficial ya desmentida o un video de un suceso ocurrido en otro país se extraen de su contexto temporal y geográfico. Luego, se vuelven a empaquetar con un titular alarmista y se lanzan a las redes sociales, donde algoritmos diseñados para premiar la interacción se encargan de viralizarlos.
La incidencia de esta práctica es doblemente dañina. Por un lado, las noticias falsas «zombis» erosionan la confianza en las instituciones y los medios de comunicación. Cuando un bulo que fue desmentido en su momento resurge con fuerza, genera una sensación de caos informativo donde el ciudadano promedio ya no sabe qué creer. La fatiga informativa se instala y, con ella, la apatía o, peor aún, la aceptación de la «posverdad» como un estado natural de las cosas.
Por otro lado, el uso de noticias oficiales viejas es una forma más sutil, pero igualmente potente, de manipulación. Una declaración de un político de hace una década, una estadística económica de una crisis pasada o una política pública ya derogada pueden presentarse como si fueran actuales para atacar a un adversario o para generar pánico. El dato, en su origen, era verídico, lo que le confiere una falsa capa de credibilidad que lo hace más difícil de refutar para quien no tiene el tiempo o las herramientas para verificar su fecha de publicación.
Desde la perspectiva de las relaciones públicas, este fenómeno obliga a las organizaciones y figuras públicas a estar en un estado de alerta constante. Ya no basta con gestionar la crisis del momento; ahora es necesario monitorear el pasado, previendo qué viejas polémicas o informaciones pueden ser re-utilizadas en su contra. La defensa ya no es solo desmentir lo falso, sino también contextualizar lo verídico.
En esta cadena de desinformación, la responsabilidad del emisor es ineludible. Cada individuo que comparte contenido sin verificar se convierte en un eslabón activo de la manipulación, sea consciente o no de ello. Aquí es donde el papel de los docentes adquiere una importancia capital. Más allá de sus materias específicas, los educadores tienen hoy la misión fundamental de formar ciudadanos críticos, capaces de navegar el ecosistema digital con escepticismo saludable. Enseñar a los estudiantes a cuestionar la fuente, a buscar una segunda opinión y a entender los mecanismos de la viralización es una de las tareas más urgentes de la educación actual, sentando las bases para una sociedad más resiliente a la manipulación.
La solución final no es simple y requiere un esfuerzo colectivo. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de fechar claramente sus contenidos y de implementar «avisos de antigüedad».
Las plataformas digitales deben mejorar sus algoritmos para detectar y reducir la visibilidad de este contenido reciclado. Pero, sobre todo, la alfabetización mediática del público, impulsada desde las aulas, es la defensa más sólida. Fomentar el hábito de verificar la fecha, la fuente y el contexto es el único cortafuegos real contra esta epidemia de desinformación retrospectiva. En la batalla por la opinión pública, el calendario es una herramienta tan importante como la propia información.
