Por Mario Antonio Lara Valdez
La Plaza de la Salud rechaza a ciudadanos que utilizan SeNaSa subsidiado, olvidando que todo procedimiento médico está respaldado vía presupuesto estatal. Esta institución tiene un lugar estratégico para residentes del Distrito Nacional y personas de provincias, por lo que su exclusión hace que los ciudadanos pierdan derechos constitucionales a servicios de salud.
Más allá de los modelos de gestión, es injustificable excluir a quienes tienen derecho a atención, garantizado por la Constitución y respaldado económicamente por la presidencia. Como Secretario General del SNTP Distrito Nacional y Vocal de Sodomedi, solicito que los afiliados al régimen subsidiado tengan acceso a los servicios de la Plaza de la Salud.
La estabilidad social, económica y política del país debe preservarse aplicando políticas públicas que eviten la exclusión. Si bien este rechazo podría responder a una visión de gestión, es momento de una revisión del sistema para cerrar la negación de derechos.
SeNaSa reporta entre 5.8 y 7.3 millones de afiliados, una gran parte en el régimen subsidiado. Cada ciudadano tiene un costo promedio anual asignado, además de aportes extraordinarios para población vulnerable, lo que garantiza el retorno de los impuestos en servicios de salud eficientes. Es hora de hacer cambios reales para que la población confíe en que sus impuestos se traducen en servicios públicos de calidad.
