En la actualidad, es más urgente que nunca replantear la misión del diseño del paisaje en la República Dominicana. Y no por moda, ni por estética, ni por “embellecer” ciudades para la foto. Es urgente porque aquí el agua, el suelo y la forma en que ocupamos el territorio ya nos están pasando factura: inundaciones repentinas, cañadas convertidas en cloacas, ríos presionados por extracción y basura, barrios enteros levantados donde antes el terreno respiraba, y una costa que se urbaniza como si el mar no reclamara su espacio.
Durante décadas hemos confundido desarrollo con cemento. Hemos llamado progreso a tapar lo natural en vez de integrarlo; a encerrar los ríos, a rellenar humedales, a canalizar cañadas sin preguntar qué función cumplían; a pavimentar sin pensar dónde iría el agua cuando llueve. La República Dominicana es un país de lluvia intensa, de pendientes fuertes, de suelos sensibles, de microcuencas vivas. No somos una maqueta plana. Y sin embargo, muchas veces seguimos planificando como si lo fuéramos: con soluciones rápidas, reactivas, y con una lógica que prioriza el lote y la vía, pero no el ciclo del agua ni la salud del paisaje.
Aquí conviene decirlo con precisión: este cambio no es solo “deseable”, es exigible. El marco legal dominicano ya reconoce que el territorio debe ordenarse con criterios ambientales, sociales y de gestión del riesgo, y que los gobiernos locales tienen responsabilidades directas. La Ley 176-07 organiza el régimen municipal y habilita a los ayuntamientos a adecuar y complementar disposiciones mediante ordenanzas y reglamentos, ajustando su aplicación a la realidad local. La Ley 368-22 establece el marco del ordenamiento territorial, el uso de suelo y los asentamientos humanos, incluyendo el rol municipal en esa gestión en coordinación con entidades sectoriales. La Ley 64-00 refuerza el principio de protección ambiental y el ordenamiento del territorio como garantía del desarrollo armónico y la conservación. La Ley 225-20 crea el régimen jurídico de gestión integral de residuos sólidos, con impacto directo sobre cañadas, drenajes y cuerpos de agua. Y la Ley 147-02 establece el enfoque nacional de gestión de riesgos con orientación interinstitucional y descentralizada, indispensable para dejar de actuar solo cuando el daño ya ocurrió.
Redefinir la misión del diseño del paisaje, aquí, significa dejar de ver parques y áreas verdes como “adornos” y empezar a tratarlos como infraestructura crítica. Porque un parque bien diseñado no es un lujo: es una esponja urbana. Un corredor verde no es un capricho: es un sistema de ventilación natural, una ruta para la biodiversidad, una defensa contra el calor y una barrera contra la erosión. Un humedal no es un terreno “vacío”: es un riñón del territorio que filtra, amortigua y protege. Y una cañada no es un enemigo: es un cauce que, si se respeta, puede convertirse en un eje de vida, no en una amenaza.
La pregunta, entonces, no es si debemos construir. Es cómo, dónde y con qué lógica. En muchos territorios municipales dominicanos, el crecimiento urbano ha avanzado más rápido que la planificación, y eso se nota en la movilidad rota, en el drenaje colapsado, en el calor que se acumula entre paredes, en el déficit de espacios públicos de calidad. La lluvia no es la causa de la tragedia; lo que mata es la improvisación territorial. Cuando una ciudad no tiene suelo permeable, cuando no hay áreas de retención, cuando las tuberías son insuficientes y las cuencas están ocupadas, la lluvia solo revela lo que ya estaba mal hecho.
Y ese “cómo” se traduce, en política pública municipal, en instrumentos concretos y verificables: planes, normas, presupuesto, mantenimiento y control. La Ley 368-22 no se queda en el enunciado: su despliegue requiere instrumentos y criterios operativos, desarrollados mediante su reglamentación. Desde el gobierno local, esto implica (como mínimo) tomar en serio la zonificación, definir áreas no urbanizables por riesgo, proteger rondas de ríos y cañadas, condicionar permisos y licencias a criterios técnicos, y alinear el presupuesto municipal a la gestión del agua, el arbolado urbano, el espacio público y el mantenimiento del drenaje.
Ejemplos verificables que muestran el camino (y la escala del reto)
La transformación no es teoría. Ya hay actuaciones documentadas en el país que prueban dos cosas: que se puede, y que cuesta menos prevenir que reparar.
En drenaje urbano, por ejemplo, se han reportado intervenciones municipales con construcción de filtrantes, colectores/imbornales y registros para mejorar la respuesta pluvial. En saneamiento de cañadas, se han documentado fases de proyectos integrales pluviales y sanitarios con beneficios poblacionales explícitos, como el caso de Guajimía. Y en política climática, la República Dominicana cuenta con un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2015–2030 que insiste en reducir vulnerabilidad y construir resiliencia, integrando la adaptación en políticas y procesos de planificación a diferentes niveles.
Estos casos importan porque aterrizan la discusión: el paisaje no se gestiona con frases; se gestiona con obras bien pensadas, con reglas, con mantenimiento y con coordinación institucional.
Pero esta conversación no debe quedarse en lo urbano. La República Dominicana también es campo: es montaña, es valle, es ladera, es cuenca alta, media y baja. Muchas zonas productivas sostienen parte importante de nuestra seguridad alimentaria, y al mismo tiempo son territorios vulnerables a la degradación del suelo, a la pérdida de cobertura forestal y a la presión de prácticas que, si no se corrigen, comprometen el agua de mañana. El diseño del paisaje en un país como el nuestro también es agricultura inteligente, manejo de pendientes, protección de nacientes, restauración de riberas, reforestación con sentido hidrológico, y planificación rural vinculada al clima real, no al deseo.
Repensar la construcción urbana implica un cambio cultural: dejar de creer que la solución siempre es “más concreto”. A veces la solución es menos: menos impermeabilización, menos invasión de cauces, menos ocupación de zonas inundables. A veces la respuesta es devolverle espacio al agua. Crear plazas que retengan escorrentía, calles con drenaje sostenible, aceras permeables, techos verdes donde sea posible, arbolado urbano que enfríe y capture agua, jardines de lluvia que reduzcan presión sobre el sistema pluvial. No son ideas “exóticas”. Son herramientas básicas en el mundo que aprendió —a fuerza de crisis— que el agua no se derrota: se gestiona.
Volver a entender nuestra relación con el agua y la naturaleza es reconocer una verdad dominicana: somos isla, y una isla no tiene margen para desperdiciar su equilibrio. Nuestros ríos no son tuberías, ni vertederos, ni fronteras invisibles. Son patrimonio y sistema circulatorio. La naturaleza no está afuera de la ciudad; está debajo, al lado y dentro. Cuando se corta un bosque en una cuenca alta, no se afecta solo a la montaña: se altera el flujo del agua que llegará al llano, se modifica la sedimentación, se reduce la capacidad de absorción, se incrementa el riesgo. Cada decisión territorial se cobra en cadena.
Y si en el interior el agua baja desde las montañas como un mensaje inevitable, en la costa el mar responde con la misma autoridad: recordándonos que somos isla. Allí, el diseño del paisaje deja de ser una opción urbana y se convierte en una política de supervivencia territorial. Dunas, manglares, humedales costeros y franjas de amortiguamiento no son “paisaje bonito”; son barreras vivas que disipan energía, reducen erosión, filtran y protegen infraestructura, viviendas y economías locales. Cuando se rellenan humedales, se degradan manglares o se urbaniza sin respetar dinámicas naturales y riesgos, no se “gana tierra”: se compra vulnerabilidad a plazos. En un país expuesto a tormentas y eventos extremos, la costa no admite atajos: requiere planificación del uso del suelo, control de ocupaciones en áreas frágiles, protección y restauración de ecosistemas costeros, y obras públicas que trabajen con la naturaleza —no contra ella— para que la inversión de hoy no sea el desastre de mañana.
Y aquí aparece el punto más profundo: reexaminar nuestra comprensión de la civilización. Porque civilización no es solo edificios altos, ni avenidas grandes, ni proyectos que lucen “modernos”. Civilización es capacidad de vivir bien sin destruir los sistemas que nos sostienen. Es prever, planificar, conservar, equilibrar. Es entender que un territorio bien gestionado salva vidas, reduce pobreza, mejora salud, y crea oportunidades. La buena ciudad no es la que presume; es la que funciona. Y la buena gestión municipal no es la que reacciona cuando hay desastre; es la que evita que el desastre ocurra.
En la República Dominicana, este replanteamiento requiere liderazgo público y disciplina técnica. Requiere que los ayuntamientos y el Estado central se alineen con instrumentos reales de ordenamiento territorial, que se respete la zonificación, que se protejan áreas sensibles, que se hagan cumplir retiros de ríos y cañadas, que se conecten permisos de uso de suelo con criterios de riesgo y drenaje, y que las obras públicas incorporen resiliencia desde el diseño. El marco existe; la diferencia la hace la ejecución: capacidad institucional, transparencia, y continuidad más allá del período de gobierno.
¿Y cuáles son los beneficios reales, medibles, de asumir esto como política pública municipal? Son más amplios de lo que parece. En lo inmediato: menos daños por inundaciones y menos pérdidas económicas recurrentes. En lo sanitario: menos aguas estancadas, menos vectores, menos contaminación. En lo social: espacios públicos dignos y seguros que elevan cohesión comunitaria. En lo económico: ciudades más atractivas para inversión responsable y turismo sostenible, y territorios productivos con mayor seguridad hídrica. En lo institucional: gobiernos locales con capacidad de anticiparse, no solo de responder.
Recomendaciones estratégicas (sin perder belleza, para ganar ejecución)
Estas recomendaciones están pensadas para que cualquier ayuntamiento del país pueda aplicarlas con coherencia técnica y jurídica, sin importar su tamaño o presupuesto. La esencia es simple: convertir el paisaje en sistema, y el sistema en hábito.
Ordenanza de “Paisaje como Infraestructura”. Declarar formalmente (vía ordenanza) que parques, cañadas, arbolado urbano, zonas de infiltración y corredores verdes son infraestructura municipal prioritaria, con estándares mínimos de diseño, mantenimiento y protección. La Ley 176-07 habilita el uso de ordenanzas y reglamentos para adecuar disposiciones a las condiciones locales.
Zonificación por riesgo y agua (no solo por uso). Incorporar capas obligatorias: áreas inundables, pendientes críticas, microcuencas, zonas de recarga, rondas de ríos/cañadas y zonas costeras sensibles; y convertirlas en condiciones reales de permisos y licencias, no en anexos decorativos.
Programa anual de drenaje y mantenimiento con metas públicas. No basta construir: hay que mantener. Definir un plan anual de prevención con metas cuantificables (puntos críticos intervenidos, limpieza programada, correcciones pluviales, mantenimiento de filtrantes/imbornales) y publicarlo por trimestre. La evidencia de intervenciones de drenaje en la capital ayuda a dimensionar que esto es posible cuando se prioriza.
Cañadas: intervención integral o nada. Establecer un protocolo municipal por tramos: saneamiento pluvial y sanitario, control de residuos, seguridad, espacio público y medidas sociales cuando sean inevitables. Guajimía muestra el enfoque integral (ambiental, sanitario y social) con metas e inversión documentadas.
Residuos como política de protección hídrica. Conectar formalmente “residuos + drenaje + cañadas”: rutas reforzadas en zonas críticas, puntos limpios, educación sostenida, sanción efectiva a vertidos y coordinación con el marco de la Ley 225-20.
Presupuesto participativo orientado a resiliencia. Priorizar obras pequeñas de alto impacto: filtrantes, aceras permeables, arborización, recuperación ribereña, iluminación y seguridad de corredores verdes. Aquí la política pública se vuelve pedagógica: la comunidad aprende que resiliencia también es obra.
Indicadores municipales de “ciudad esponja”. Medir y publicar: porcentaje de suelo permeable recuperado, árboles plantados y sobrevivencia, puntos de inundación recurrente, volumen de residuos retirados de cañadas/drenajes, tiempos de respuesta. Lo que no se mide, se improvisa; lo que se publica, se defiende.
Mesa técnica permanente (ayuntamiento–agua–ambiente–riesgo). Formalizar coordinación interinstitucional con enfoque preventivo, coherente con la lógica descentralizada e interinstitucional que promueve el marco de gestión de riesgos.
Educación cívica sostenida: el paisaje como cultura de cuidado. Campañas simples, permanentes y locales (“Mi calle no es un drenaje”, “La cañada no es un zafacón”), con juntas de vecinos, escuelas, iglesias y organizaciones comunitarias. La infraestructura sin cultura es un muro sin cimientos.
Hoja de ruta municipal (90 días / 12 meses / 3 años) sin perder el alma del artículo
Porque el territorio no espera a que la teoría se ponga de acuerdo: exige acción ordenada.
En 90 días, el municipio puede hacer lo que salva vidas antes de la próxima lluvia: identificar y publicar puntos críticos de inundación, programar limpieza intensiva de imbornales y filtrantes, abrir una línea de reporte ciudadano con respuesta verificable, iniciar operativos contra vertidos en cañadas, y emitir una directriz municipal que prohíba intervenciones improvisadas sobre cauces sin evaluación técnica. Es el tiempo de la prevención inmediata: la fase donde el gobierno local demuestra que gobierna el agua en vez de perseguirla. (Esta lógica está en el corazón de la gestión de riesgos y la adaptación).
En 12 meses, el municipio puede consolidar el sistema: aprobar la ordenanza de “paisaje como infraestructura”, adoptar mapas básicos de riesgo hídrico y restricciones por pendientes/cuencas, formalizar un programa anual de mantenimiento pluvial, iniciar por tramos la recuperación integral de una o dos cañadas priorizadas, y establecer indicadores públicos con reportes trimestrales. En este punto, el paisaje deja de ser una promesa y se vuelve método.
En 3 años, el municipio puede cambiar su destino: articular su planificación territorial con los instrumentos previstos en la Ley 368-22 y su reglamentación, consolidar corredores verdes y espacios públicos que reduzcan calor y escorrentía, fortalecer la gestión de residuos como defensa del agua, y asegurar que el crecimiento urbano ocurra donde el territorio lo soporta, no donde el apuro lo impone. Cuando esto ocurre, la obra municipal deja de ser una suma de inauguraciones y se convierte en una política pública con memoria.
Pero, sobre todo, requiere ciudadanía. Una ciudadanía que pregunte, que exija parques reales y no “islas decorativas”, que defienda sus ríos como defiende su casa, que comprenda que el agua que se pierde en una cañada llena de basura es el agua que luego faltará en el grifo, que entienda que la sombra de un árbol es una política pública silenciosa. El territorio no se salva con discursos. Se salva con decisiones pequeñas y sostenidas, con diseño inteligente, con mantenimiento, con educación, con autoridad y con amor por lo común.
Si redefinimos la misión del diseño del paisaje en nuestro país, no estaremos hablando solo de jardines o de urbanismo bonito. Estaremos hablando de seguridad, de salud, de economía, de cultura, de dignidad. Estaremos diciendo que la República Dominicana puede crecer sin romperse; puede modernizarse sin secarse; puede construir sin ahogarse. Y en un siglo donde el agua decidirá el destino de muchas naciones, optar por la resiliencia territorial no es una opción estética: es un acto de inteligencia nacional.
Porque al final, el paisaje no es lo que se ve. El paisaje es lo que nos sostiene. Y si lo entendemos así, entonces sí: será urgente, pero también será posible.
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