La Ley 176-07, que regula el Distrito Nacional y los Municipios en la República Dominicana, fue diseñada para descentralizar el poder y fortalecer la autonomía municipal. Sin embargo, a más de 17 años de su promulgación, aún carece de un reglamento de aplicación, lo que ha generado incertidumbre sobre cómo gestionar las competencias locales. Esta ausencia ha sido agravada por la promulgación de nuevas leyes que han centralizado funciones municipales en dependencias del gobierno central, debilitando aún más el poder de los ayuntamientos y juntas de distritos municipales.
Una ley sin reglamento: un vacío persistente:
La Ley 176-07, creada para otorgar mayores competencias y recursos a los municipios, aún no cuenta con un reglamento que permita su plena implementación. Este vacío ha generado confusión y ha dificultado la administración efectiva de los más de 158 municipios y 235 distritos municipales del país. La ausencia de directrices claras ha dejado a los ayuntamientos sin las herramientas necesarias para ejercer plenamente sus atribuciones.
Un reglamento de aplicación podría delimitar los procesos de fiscalización, rendición de cuentas y gestión eficiente de los recursos municipales, pero la falta de voluntad política y los intereses centralizados han frenado su creación.
Leyes que usurpan competencias municipales:
En lugar de un reglamento que fortalezca la Ley 176-07, diversas normativas han surgido para centralizar aún más el poder en dependencias del gobierno central, quitando competencias claves a los municipios. Esta centralización ha generado incertidumbre en cuanto a qué procesos deben seguir los ayuntamientos y ha erosionado la autonomía municipal.
Entre las leyes que han debilitado el poder local se encuentran:
- Ley 64-00 de Medio Ambiente, que transfiere competencias sobre gestión ambiental al Ministerio de Medio Ambiente, reduciendo la capacidad de los municipios para decidir sobre la protección de sus recursos naturales.
- Ley 498-06 de Planificación e Inversión Pública, que otorga al gobierno central el control sobre la planificación de proyectos de inversión, restando autonomía a los municipios en la gestión de proyectos que afectan sus comunidades.
- Ley 225-07 sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos, que asigna competencias en la gestión de residuos a una dirección centralizada, limitando la capacidad de los gobiernos locales para manejar los desechos.
- Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, que centraliza la planificación del uso del suelo, reduciendo la influencia de los gobiernos locales en la gestión de su territorio.
Falta de difusión y formación en derecho municipal:
A pesar de la importancia de la Ley 176-07 y su impacto en la vida municipal, son pocos los textos académicos disponibles que analizan en profundidad su contenido. Existen algunos manuales de derecho municipal dominicano y escritos que interpretan la ley, pero estos no son comunes ni están ampliamente difundidos. Esto ha limitado la comprensión del marco legal y ha afectado la capacidad de los funcionarios locales para aplicarlo de manera efectiva.
Además, aunque universidades como UNICARIBE han comenzado a ofrecer programas técnicos y de licenciatura en administración municipal, estos esfuerzos son insuficientes para cubrir la demanda de formación en los 158 ayuntamientos y 235 distritos municipales del país. Muchos partidos políticos tampoco invierten en la formación de sus militantes en administración pública o administración municipal, lo que debilita aún más la capacidad de los gobiernos locales para gestionar sus territorios.
¿Por qué modificar una ley tan reciente en lugar de reglamentarla?
A pesar de que la Ley 176-07 aún no ha sido implementada en su totalidad debido a la falta de un reglamento, existe un impulso para modificarla. Esto ha generado inquietud, ya que en lugar de cambios, lo que se necesita es su reglamentación adecuada. Modificar la ley sin resolver estos problemas fundamentales podría agravar la centralización y debilitar aún más la autonomía municipal.
¿Cómo crees que la falta de un reglamento para la Ley 176-07 ha impactado la capacidad de los municipios para ejercer su autonomía y gestionar sus competencias de manera efectiva?
¿Consideras que la modificación de la Ley 176-07 sin haber sido plenamente reglamentada podría agravar la centralización del poder en el gobierno central y debilitar aún más la autonomía de los gobiernos locales?
