La democracia, ese noble sistema que le permite al pueblo elegir a sus representantes, a veces comete sus bromas más crueles al entregarle la fábrica de decisiones a quienes parecen no saber distinguir entre un manual de funciones y una receta de cocina. Hoy, nos sumergimos en la tragicómica realidad de muchos regidores que, por desconocimiento o falta de interés, protagonizan escenas dignas de un guión de comedia, aunque el público, lamentablemente, somos nosotros.
Presupuestos: Un enigma aprobado al azar
Imaginemos por un momento a un grupo de personas en una sesión solemne. Todos lucen serios, algunos revisan sus papeles como si de un gran estudio jurídico se tratara. Sin embargo, cuando llega el momento de aprobar el presupuesto municipal, la escena se transforma en un concurso de adivinanzas. ¿Cuántos de ellos entienden el proceso para su elaboración? La respuesta es desalentadora: pocos o ninguno. Pero, eso sí, todos levantan la mano con la convicción de quien firma un contrato sin leer la letra pequeña. Y el pueblo, como siempre, es el que termina pagando la factura.
Lo grave de esta práctica no radica únicamente en la ignorancia, sino en las posibles violaciones a la Ley No. 176-07, que establece en su Artículo 21 la obligación de los regidores de supervisar y fiscalizar los recursos públicos de manera informada y responsable. Aprobar un presupuesto sin comprenderlo no solo es una negligencia, sino que puede ser causal de sanciones administrativas y hasta judiciales.
Resoluciones recicladas: ¡Originalidad al poder!
Uno de los males recurrentes en la gestión regidoril es la aprobación de resoluciones sin siquiera tomarse la molestia de investigar si estas ya fueron aprobadas por gestiones anteriores o si son realmente pertinentes para las necesidades actuales del municipio. Esta práctica no solo refleja una falta de profesionalismo, sino también un preocupante desinterés por la eficacia de las decisiones que afectan directamente a la población.
¿Para qué perder tiempo en algo tan «trivial» como revisar el archivo histórico o analizar las consecuencias de las normativas propuestas? En lugar de ello, se opta por el camino fácil: copiar resoluciones de otros municipios, aunque estas hayan fracasado rotundamente en su contexto original. Esta falta de creatividad y rigor en la toma de decisiones no solo frena el desarrollo municipal, sino que también socava la confianza de la ciudadanía en sus representantes electos.
La ausencia de originalidad y de análisis previo contraviene directamente el espíritu del Artículo 52 de la Ley 176-07, que establece que las decisiones del Consejo de Regidores deben estar fundamentadas en un estudio profundo y en el conocimiento de las normativas vigentes. Además, la falta de cumplimiento con esta disposición podría tener graves consecuencias legales, como la nulidad de las resoluciones aprobadas, la pérdida de recursos públicos y una gestión ineficiente que termina perjudicando a los más vulnerables.
Pero no se trata solo de cumplir con la ley. Los regidores deben comprender que cada resolución es una herramienta poderosa para transformar las comunidades que representan. Sin un análisis previo, no solo se pone en riesgo la ejecución efectiva de estas normativas, sino también la posibilidad de generar un impacto positivo y sostenible en el municipio. ¿Es demasiado pedir que quienes ocupan estos puestos cumplan con el mínimo esperado de compromiso y responsabilidad?
Abogados y profesionales que desconocen la ley: ¡Asnos con poder!
El absurdo alcanza su pico más alto cuando descubrimos que algunos regidores, incluso con títulos de abogados o profesionales en diversas áreas, desconocen las leyes que deberían aplicar o las funciones que se espera cumplan. Este comportamiento no solo es una muestra de negligencia profesional, sino también una burla al sistema democrático que los colocó en ese cargo. Es como si un médico ignorara el funcionamiento del corazón, un chef no supiera encender la estufa o un ingeniero confundiera un plano arquitectónico con un juego de sopa de letras. Pero, tranquilos, porque siempre habrá un tique de combustible o una inauguración de obra que los motive más que crear una comisión veedora de recursos públicos.
El problema no se limita a los abogados. Muchos regidores con formación en economía, ingeniería, pedagogía o administración también actúan como «asnos con poder», ignorando por completo las bases legales y administrativas de su rol. Su desconocimiento de las normativas municipales, la gestión de recursos o las implicaciones de sus decisiones no solo es preocupante, sino también peligroso para el desarrollo sostenible de los municipios que representan.
Esta actitud demuestra una falta de interés por el aprendizaje continuo y el desempeño ético, lo cual puede ser sancionado conforme al Artículo 44 de la Ley 176-07. Este artículo establece que los regidores deben actuar con transparencia, ética y responsabilidad, evitando cualquier conflicto de interés. Cuando los intereses personales priman sobre el bien común, los ciudadanos no solo tienen el derecho de exigir rendición de cuentas, sino también de demandar sanciones legales ante las autoridades competentes.
La incapacidad para comprender y aplicar la ley o gestionar adecuadamente los recursos también refleja un preocupante desinterés por el impacto de sus decisiones en la calidad de vida de sus comunidades. En lugar de asumir su papel como agentes de cambio y fiscalizadores del sistema, se convierten en un obstáculo para el progreso, perpetuando prácticas negligentes y, en algunos casos, corruptas.
Selfies en lugar de funciones
Y hablando de prioridades, algunos regidores parecen más interesados en tomarse selfies que en comprender sus funciones. Se les ve inaugurando obras, cortando cintas y hasta entregando juguetes, como si fueran una versión moderna de Santa Claus. Todo esto, por supuesto, mientras ignoran por completo su rol de fiscalizadores. Pero ¡ojo! La foto en redes sociales no puede faltar, porque, al final, lo que no se publica, no cuenta.
El Artículo 34 de la Ley 176-07 deja claro que los regidores tienen un rol normativo y de fiscalización, no ejecutivo. Suplantar funciones del alcalde o de otros funcionarios no solo es una falta de respeto a las normas, sino que también desvirtúa el sistema democrático.
El levantón de mano milagroso
Finalmente, llegamos al epílogo de esta tragicomedia: la sesión del consejo. Aquí, el protagonista no es el debate ni el análisis, sino el levantón de mano. Para muchos regidores, esta simple acción es la solución a todos los problemas. ¿Por qué molestarse en estudiar, discutir o capacitarse? Levantemos la mano y que el alcalde, o mejor aún, el pueblo, resuelvan el caos que dejamos.
El Artículo 54 de la Ley 176-07 establece que las decisiones del Consejo deben ser fundamentadas y orientadas al desarrollo sostenible del municipio. Levantar la mano sin analizar las consecuencias de las decisiones no solo es irresponsable, sino que podría ser considerado como un incumplimiento grave de las funciones públicas.
El resultado: Un barco sin rumbo
El verdadero problema no es solo el desconocimiento, sino también el desinterés por aprender y ejercer con responsabilidad el cargo para el cual fueron elegidos. Muchos regidores actúan como si sus funciones fueran una carga insostenible y no una responsabilidad que asumieron voluntariamente al ser elegidos por el voto popular. Esto se evidencia en su constante falta de tiempo para reunirse, incluso cuando estas sesiones son vitales para el desarrollo del municipio.
Cuando finalmente logran reunirse, lo hacen con evidente desgano: no quieren leer, no quieren opinar, y lo único que parece interesarles es salir rápido de las reuniones. En algunos casos, se ha llegado al extremo de preparar el guión de las sesiones antes de que estas se realicen legalmente, una práctica que desvirtúa el espíritu de deliberación y transparencia que debería caracterizar al Consejo de Regidores. Todo esto, bajo el pretexto de «no perder tiempo», cuando todos sabemos que estas reuniones son parte esencial de sus responsabilidades.
Mientras los regidores navegan en su barquito sin rumbo, el municipio queda a la deriva. Sus decisiones improvisadas, su falta de compromiso y su desinterés por cumplir con el rol para el que fueron elegidos afectan directamente a la población. Al final, el precio de esta improvisación lo paga el pueblo, ese que también parece estar marchando sin rumbo, como reflejo de sus representantes.
¿Qué debería hacer un regidor realmente?
Los regidores tienen funciones esenciales en la administración pública municipal:
- Fiscalización: Supervisar que los recursos públicos sean utilizados de manera adecuada y transparente.
- Normativa: Crear y aprobar ordenanzas municipales que promuevan el desarrollo sostenible y el bienestar de los ciudadanos.
- Representación: Actuar como la voz de las comunidades ante el Consejo Municipal, asegurándose de que las decisiones reflejen las necesidades reales de los ciudadanos.
- Supervisión de Políticas: Evaluar la implementación de políticas públicas en el municipio.
- Veedoría: Ser los vigilantes del cumplimiento de las leyes y regulaciones municipales.
Es momento de preguntarnos: ¿Son los regidores verdaderos fiscalizadores de la gestión municipal o simples espectadores de un sistema que los supera? ¿Cómo podemos exigirles mayor preparación y compromiso? Finalmente, ¿deberíamos cambiar la forma en que seleccionamos a quienes ocupan estas posiciones tan importantes?
La respuesta está en nuestras manos, las mismas que un día levantaron el voto para colocarlos en sus sillas. Quizá, la próxima vez, deberíamos elegir con la cabeza y no con el corazón. O al menos, elegir a quienes tengan un interés real en aprender y servir.
Excelente artículo..