Tras una investigación exhaustiva sobre la gestión de los presupuestos municipales en diferentes ayuntamientos de la República Dominicana, así como un análisis detallado de los marcos legales aplicables, prácticas administrativas comunes y principales problemáticas encontradas, comparto los hallazgos obtenidos.
Este análisis resalta los desafíos y las oportunidades para transformar el presupuesto municipal en una herramienta clave de desarrollo. Con un enfoque en la transparencia, la legalidad y la eficiencia, este artículo pretende ser una guía educativa para autoridades locales, académicos y profesionales interesados en fortalecer la administración pública.
El propósito central es evidenciar la importancia del presupuesto como un documento técnico-político que refleja las prioridades de la comunidad y la capacidad de los gobiernos locales para gestionar recursos de manera eficiente. Además, busca sensibilizar a las autoridades sobre la relevancia de implementar buenas prácticas administrativas que garanticen un impacto positivo en el desarrollo local.
Marco Legal del Presupuesto Municipal
El marco legal que regula los presupuestos municipales en la República Dominicana establece bases claras para fomentar la transparencia y las buenas prácticas administrativas. Entre las normas relevantes destacan:
Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público (Ley No. 423-06):
Artículo 71: Establece que los presupuestos de los ayuntamientos deben ser aprobados por sus respectivas Salas Capitulares, conforme a las normas de las leyes de organización municipal. Dichos presupuestos deben remitirse a más tardar el 15 de enero de cada año a la Dirección General de Presupuesto, al Secretariado Técnico de la Presidencia, a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas. Además, los ayuntamientos deben utilizar el Manual de Clasificadores Presupuestarios y aplicar las metodologías y normas técnicas establecidas por las autoridades competentes.
Artículo 72: Dispone que los ayuntamientos deben aplicar, en la formulación, ejecución y cierre de las cuentas de su presupuesto, las normas establecidas en los artículos 22 y 26 de la misma ley.
Artículo 73: Obliga a los ayuntamientos a remitir información sobre sus ejecuciones presupuestarias, cierre del ejercicio y evaluaciones a diversas instituciones nacionales, según lo estipulado en la reglamentación de la ley.
Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios:
Artículo 21: Establece la obligatoriedad de un presupuesto participativo, garantizando la incidencia de los ciudadanos en la asignación de recursos.
Artículo 235: Exige destinar al menos el 40% del presupuesto a inversiones en obras y proyectos municipales.
Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas:
Regula la adquisición de bienes y servicios en los ayuntamientos, promoviendo la igualdad de oportunidades entre oferentes y garantizando la transparencia en los procesos de contratación.
Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública:
Artículo 7: Obliga a los ayuntamientos a publicar información presupuestaria clara, detallada y accesible al público, fomentando el derecho de los ciudadanos a conocer el uso de los recursos públicos.
Ley 10-04 de la Contraloría General de la República:
Define lineamientos para el control interno y la fiscalización de las finanzas municipales, promoviendo el uso adecuado de los recursos y reduciendo riesgos de malversación.
Este marco legal es indispensable para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera responsable, eficiente y alineada con las prioridades de desarrollo local, fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones municipales y el buen gobierno.
ERRORES COMUNES EN LA EVALUACIÓN DE PRESUPUESTOS MUNICIPALES
Durante la revisión de diversos presupuestos municipales, se identificaron errores recurrentes que dificultan una gestión eficiente:
Discrepancias en la Ejecución: Partidas con ejecuciones significativamente superiores o inferiores al monto asignado.
Ejemplo: El gasto en “llantas y neumáticos” superó en un 200% el presupuesto original, evidenciando falta de planificación.
Ausencia de Planes Operativos Vinculados: La desconexión entre el presupuesto y los planes operativos genera desorden en la distribución de los recursos y dificulta medir su impacto.
Códigos y Descripciones Semejantes: Partidas como “Publicidad y Propaganda” registradas bajo diferentes códigos, dificultando su seguimiento y abriendo la puerta a posibles irregularidades.
Partidas Genéricas o Poco Claras: Títulos como “Otros Servicios Técnicos Profesionales” no especifican los objetivos del gasto, complicando su fiscalización.
Hallazgos Críticos y Riesgos Potenciales
Fallas en la Transparencia: La dispersión de partidas y códigos dificulta detectar posibles duplicidades o gastos injustificados.
Indicadores de Fraude: Ejecuciones sin respaldo documental o presupuestos inflados para servicios básicos.
Riesgo en Auditorías: Irregularidades en partidas con desviaciones de fondos pueden derivar en sanciones legales y administrativas.
Buenas Prácticas en la Elaboración y Evaluación del Presupuesto
Con base en los presupuestos analizados, se recomienda adoptar las siguientes buenas prácticas:
Planificación Integral: Vincular el presupuesto con los planes operativos anuales y documentar cada partida de manera detallada.
Capacitación Continua: Invertir en formación especializada para el personal encargado de la gestión presupuestaria.
Monitoreo Periódico: Implementar controles trimestrales para detectar y corregir desviaciones.
Cumplimiento Normativo: Respetar el límite del 40% para inversiones en obras y justificar los proyectos en términos de impacto comunitario.
Transparencia Activa: Publicar informes detallados sobre la ejecución presupuestaria, promoviendo la participación ciudadana.
El Rol de los Regidores, el Alcalde, el Tesorero, el Administrador, el Contralor y el Comité de Compras y Contrataciones
Regidores: Los regidores son los guardianes del uso adecuado de los recursos municipales. Como fiscalizadores, tienen la responsabilidad de garantizar que los fondos sean gestionados de manera eficiente, transparente y en línea con las prioridades comunitarias. Supervisan la ejecución presupuestaria, evalúan proyectos y se aseguran de que cada decisión tomada por la alcaldía se traduzca en beneficios concretos para los ciudadanos. Su papel es crucial para prevenir irregularidades, fortalecer la rendición de cuentas y fomentar una gestión pública orientada al desarrollo local.
Alcalde: El alcalde tiene la responsabilidad ejecutiva de liderar la gestión municipal, asegurándose de que el presupuesto se ejecute de manera eficiente y conforme a las normativas legales. Su labor abarca desde la planificación estratégica hasta la implementación de proyectos que impacten positivamente en la comunidad. Además, debe promover una gestión transparente, equitativa y participativa, fortaleciendo la confianza ciudadana y trabajando en colaboración con el consejo municipal para garantizar que las decisiones sean inclusivas y sostenibles.
Tesorero: El tesorero es el encargado de gestionar los recursos financieros del ayuntamiento. Su rol incluye la administración de ingresos, egresos y el manejo de cuentas bancarias municipales, asegurándose de que los pagos se realicen de manera oportuna y cumpliendo con los procedimientos legales establecidos. También tiene la responsabilidad de preparar informes financieros periódicos que detallen la situación económica del municipio, lo que permite una adecuada supervisión y rendición de cuentas. La eficiencia y la transparencia en su trabajo son esenciales para evitar irregularidades financieras y garantizar un uso responsable de los fondos públicos.
Administrador: El administrador municipal es responsable de la gestión operativa y administrativa de los recursos materiales y humanos del ayuntamiento. Este rol implica coordinar las actividades diarias, supervisar la ejecución de proyectos y programas, y garantizar que los servicios municipales se presten de manera eficiente. Además, debe velar por el cumplimiento de los procedimientos internos, optimizar los procesos administrativos y apoyar al alcalde en la planificación y ejecución de políticas públicas. Su trabajo es clave para mantener la operatividad del municipio y asegurar que las metas institucionales se alcancen de manera eficaz.
Contralor: El contralor municipal es el encargado de velar por el control interno y la fiscalización de las finanzas y operaciones del ayuntamiento. Su función es garantizar que los recursos públicos se utilicen conforme a las leyes y reglamentos aplicables, minimizando riesgos de corrupción y malversación. Esto incluye la revisión de contratos, auditorías internas y el monitoreo de la ejecución presupuestaria. El contralor actúa como un garante de la transparencia, emitiendo informes que permiten identificar posibles irregularidades y proponer mejoras en los procesos administrativos y financieros.
Comité de Compras y Contrataciones: El Comité de Compras y Contrataciones es una pieza clave para asegurar la transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos municipales. Este organismo se encarga de supervisar y gestionar los procesos de adquisición de bienes, servicios y obras, en cumplimiento con lo establecido en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas. Su rol incluye:
- Garantizar que los procesos de compra sean competitivos, transparentes y abiertos a todos los oferentes calificados.
- Evaluar las propuestas recibidas de manera imparcial y conforme a los criterios establecidos en los pliegos de condiciones.
- Velar por que las adquisiciones y contrataciones se realicen al mejor precio y bajo condiciones de calidad, equidad y oportunidad.
- Documentar y reportar los procedimientos realizados, asegurando que toda la información sea pública y accesible, en cumplimiento con la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.
Este último es esencial para prevenir irregularidades, fomentar la rendición de cuentas y garantizar que los recursos presupuestarios sean utilizados de manera responsable, cumpliendo con los objetivos estratégicos del municipio.
Ejemplos de Irregularidades Graves en la Administración Pública
- Ejecución de proyectos inexistentes:
Realización de registros de parques, caminos o infraestructuras públicas que nunca se construyeron, pero que figuran como completados en los informes de ejecución. - Facturación duplicada de servicios contratados:
Generación de gastos injustificados mediante la presentación de facturas repetidas por el mismo servicio o producto, afectando el presupuesto municipal. - Inflación de presupuestos para servicios simples:
Incremento desproporcionado en los costos de actividades como eventos municipales o reparaciones menores, sin proporcionar una justificación técnica o financiera válida. - Adjudicación irregular de contratos:
El Comité de Compras y Contrataciones otorga contratos a proveedores sin cumplir con los procedimientos legales, como licitaciones públicas, o selecciona oferentes con vínculos personales o políticos, favoreciendo intereses particulares sobre los del municipio. - Aprobación de pagos sin respaldo:
El contralor permite la autorización de pagos a proveedores o contratistas sin verificar la documentación correspondiente, como contratos firmados, actas de recepción o informes de avance, lo que facilita el desvío de recursos públicos. - Desvío de recursos presupuestados a actividades no aprobadas:
Uso de fondos asignados a proyectos específicos para financiar actividades no contempladas en el presupuesto inicial, sin contar con una modificación presupuestaria aprobada por el consejo municipal. Esto puede incluir la asignación de recursos de obras de infraestructura para cubrir gastos operativos o eventos no planificados, violando los principios de transparencia y legalidad en la gestión financiera.
Preguntas y Respuestas Recolectadas
- ¿Cómo pueden los regidores mejorar su rol de fiscalización para prevenir irregularidades?
Respuesta: Los regidores enfatizan la necesidad de una capacitación continua y el acceso oportuno a los documentos financieros para identificar inconsistencias antes de la ejecución.
- ¿Qué mecanismos de participación ciudadana podrían implementarse para garantizar un presupuesto más transparente?
Respuesta: Plataformas digitales de consulta, asambleas comunitarias y encuestas periódicas fueron mencionadas como herramientas clave.
- ¿Está el alcalde cumpliendo con los proyectos prioritarios del municipio?
Respuesta: Mixta. Algunos señalaron avances importantes, mientras que otros indicaron retrasos debido a limitaciones en las transferencias de fondos.
Modificaciones y Ajustes Presupuestarios
Cualquier modificación o ajuste presupuestario en el ámbito municipal debe cumplir estrictamente con lo establecido en la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público (Ley 423-06), la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, y otras normativas relacionadas. Estas modificaciones deben garantizar la transparencia, la justificación técnica y la supervisión adecuada, siguiendo los principios de buena administración pública. Los aspectos clave incluyen:
Procedimientos Formales: Las modificaciones deben ser sometidas al Concejo Municipal para su discusión y aprobación mediante una resolución formal, tal como lo establece la Ley 176-07 en su Artículo 21, garantizando la participación de los regidores en la toma de decisiones presupuestarias.
Todo cambio debe ser documentado en el expediente financiero del municipio, asegurando la trazabilidad del proceso y el cumplimiento de las normativas.
Justificación Sólida: Los ajustes presupuestarios deben estar respaldados por un análisis técnico que demuestre la necesidad y pertinencia del cambio. Esto incluye la presentación de informes financieros, estudios de impacto y documentos que expliquen cómo el ajuste responde a las prioridades municipales.
La Ley 423-06, en su Artículo 71, establece que las modificaciones deben respetar los principios de planificación y priorización de recursos, alineándose con los objetivos establecidos en el presupuesto original.
Seguimiento y Evaluación: Es obligatorio realizar auditorías internas periódicas para garantizar que los recursos modificados se utilicen de manera eficiente y en conformidad con los objetivos planteados. Estas auditorías deben ser realizadas por el contralor municipal, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 10-04 de la Contraloría General de la República.
El seguimiento debe incluir la publicación de los cambios en los portales de acceso público, en cumplimiento con la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, asegurando que los ciudadanos tengan acceso a los detalles de las modificaciones.
Prohibición del Uso Irregular: El uso de recursos para actividades no aprobadas en el presupuesto inicial, sin la correspondiente modificación presupuestaria, constituye una violación a las normativas vigentes y puede derivar en sanciones administrativas y legales.
Propuesta Final
El presupuesto municipal no es solo un documento técnico, sino un compromiso político y moral que refleja las prioridades y necesidades de la comunidad. Su correcta gestión requiere de esfuerzos integrales que combinen transparencia, participación ciudadana y una ejecución eficiente.
Para lograr un impacto positivo en el desarrollo local, es fundamental implementar medidas específicas como:
Invertir en Capacitación: Capacitar a los regidores, al personal administrativo y a los alcaldes en temas relacionados con la formulación, ejecución y fiscalización presupuestaria. La formación debe incluir herramientas de análisis financiero, prácticas de monitoreo y normativas legales aplicables.
Fomentar la Transparencia: Adoptar plataformas digitales y mecanismos de consulta pública que permitan a los ciudadanos acceder fácilmente a la información sobre el uso de los recursos municipales. Esto fortalece la confianza en las autoridades locales.
Utilizar Herramientas de Monitoreo Ciudadano: Incorporar auditorías internas regulares y sistemas de reporte público para garantizar el cumplimiento de las metas presupuestarias y detectar desviaciones a tiempo.
Asegurar el Cumplimiento Normativo: Respetar los límites establecidos por las leyes nacionales, como el 40% del presupuesto destinado a inversiones en obras, asegurando que todos los proyectos estén justificados y alineados con las prioridades comunitarias.
Fortalecer la Fiscalización de los Regidores: Empoderar a los regidores para que puedan ejercer una supervisión más efectiva sobre la ejecución presupuestaria. Su rol es esencial para prevenir irregularidades y garantizar el uso eficiente de los recursos.
Integrar a los Consejos Económicos y Sociales como Veedores: La participación de los Consejos Económicos y Sociales como organismos consultivos y representativos de los sectores económicos y sociales del municipio es clave para garantizar la transparencia y equidad en la asignación de recursos. Su rol incluye:
- Supervisar que el presupuesto refleje las prioridades de desarrollo económico y social del territorio.
- Emitir recomendaciones durante la formulación del presupuesto, basadas en diagnósticos técnicos y necesidades comunitarias.
- Actuar como observadores en la etapa de aprobación, asegurando que las decisiones sean inclusivas y transparentes.
La inclusión de estos consejos fomenta la rendición de cuentas, fortalece la gobernanza y alinea los esfuerzos municipales con los objetivos estratégicos del desarrollo local.
Cuando las autoridades locales incumplen estas normativas y principios, no solo enfrentan sanciones administrativas y legales, como multas o destituciones, sino que también pierden la confianza de los ciudadanos. Esta pérdida de confianza representa un daño irreparable para la gobernabilidad municipal.
Reflexión Final:
Transformar la gestión municipal es un ejemplo de buen gobierno es posible si se toman decisiones responsables. La pregunta clave es:
¿Está preparado su municipio para enfrentar estos desafíos y fortalecer el bienestar de la comunidad?
Fuentes Consultadas
Normativas Legales
- Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.
- Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
- Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.
- Ley 10-04 de la Contraloría General de la República.
- Ley 423-06 Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.
Portales y Documentación Institucional
- Portales de transparencia de los ayuntamientos de San Cristóbal, Jarabacoa y San Francisco de Macorís.
- Observaciones de auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
Informes y Análisis Externos
- Informes de Transparencia Internacional.
- Informes de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
Esta investigación forma parte de los estudios que he realizado en el ámbito de la administración municipal en la República Dominicana, con el objetivo de aportar análisis y propuestas que contribuyan al fortalecimiento de la gestión pública local. Reconozco que las recomendaciones presentadas y las instituciones mencionadas en este documento no están obligadas a adoptar las informaciones suministradas, ya que cada entidad opera bajo su propio marco normativo, competencias específicas y directrices institucionales. Mi intención es ofrecer una herramienta de reflexión que promueva la mejora de las políticas y prácticas administrativas en el contexto municipal.
Excelente