La educación es la piedra angular sobre la que se construyen sociedades sólidas, productivas y equilibradas. En la República Dominicana, se ha avanzado considerablemente en la mejora de aspectos técnicos y pedagógicos del sistema educativo. Sin embargo, hay una dimensión crítica que sigue siendo ignorada y que afecta profundamente el desarrollo integral del proceso educativo: la salud mental y emocional de los docentes. Aunque parezca invisible, esta omisión tiene consecuencias directas sobre el bienestar no solo del maestro, sino también de los niños, niñas y jóvenes bajo su cuidado.
Actualmente, en nuestro país se realizan evaluaciones de desempeño docente que miden factores como el conocimiento curricular, técnicas pedagógicas, planificación educativa y la interacción con estudiantes y comunidad. A pesar de lo importante que resultan estas evaluaciones, sorprende la ausencia de evaluaciones psicológicas periódicas y sistemáticas que permitan valorar la condición emocional y mental de los educadores. Esta brecha institucional deja expuesto al sistema educativo a riesgos que, lamentablemente, en muchas ocasiones, solo se evidencian cuando el daño ya está hecho.
Durante el año escolar 2023-2024, el Ministerio de Educación reportó alarmantes cifras de docentes involucrados en casos de acoso sexual, resultando en más de 32 casos registrados, de los cuales ocho maestros fueron desvinculados y seis enfrentan actualmente procesos judiciales. Esta situación no solo es alarmante desde un punto de vista ético y moral, sino que también refleja una preocupante deficiencia en la prevención y detección temprana de problemas psicológicos y conductuales que podrían ser tratados antes de que se conviertan en incidentes graves.
Además, en tiempos recientes, han circulado ampliamente casos de violencia en las aulas, incluyendo agresiones físicas y verbales entre docentes y estudiantes, destacando la urgente necesidad de atender el ambiente emocional y psicológico dentro de las escuelas. Un ejemplo impactante fue la viralización de un video donde una estudiante agredía violentamente a una maestra en medio de una clase. Estas situaciones no son aisladas ni superficiales; son síntomas claros de un ambiente educativo que carece de mecanismos adecuados para gestionar conflictos y cuidar la salud emocional tanto de docentes como de estudiantes.
Desde una perspectiva legal, es importante resaltar que la Ley General de Educación 66-97 establece claramente que el Estado dominicano tiene la responsabilidad de garantizar un ambiente educativo saludable y seguro. En este sentido, la implementación de evaluaciones psicológicas periódicas a los docentes es no solo recomendable, sino obligatoria bajo el marco legal que protege a estudiantes y docentes por igual. Igualmente, la Constitución Dominicana en su artículo 63 establece la educación como un derecho fundamental y un deber del Estado, implicando la obligación de crear condiciones adecuadas para que el proceso educativo se desarrolle en ambientes emocionalmente seguros y saludables.
La experiencia internacional muestra claramente el camino a seguir. Finlandia, reconocida por tener uno de los mejores sistemas educativos del mundo, implementa rigurosas evaluaciones psicológicas y programas continuos de bienestar docente. En este país, los educadores reciben acompañamiento psicológico regular, lo que contribuye significativamente a la reducción del estrés laboral, mejora notablemente el clima escolar y disminuye los índices de violencia y conflictos dentro de las aulas. La estabilidad emocional del docente se refleja directamente en una mejor calidad educativa y en estudiantes más motivados y saludables emocionalmente.
Si trasladamos esta experiencia a la República Dominicana, los beneficios serían inmediatos y notorios. Evaluaciones psicológicas periódicas permitirían detectar oportunamente problemas emocionales como el estrés crónico, la ansiedad, la depresión o el agotamiento extremo (burnout), condiciones que afectan gravemente la capacidad del maestro para enseñar eficazmente. Asimismo, estas evaluaciones facilitarían la identificación temprana de tendencias a comportamientos inapropiados, creando oportunidades de intervención preventiva antes de que ocurran incidentes que dañen permanentemente a estudiantes o a la comunidad educativa en general.
La creación de unidades especializadas de evaluación psicológica en diversas regiones o localidades del país, autorizadas y supervisadas por las entidades educativas competentes, podría facilitar un acceso más equitativo y eficaz a estos servicios esenciales. Estas unidades regionales servirían no solo como centros de evaluación, sino también como espacios para brindar apoyo emocional constante y formación continua en inteligencia emocional y gestión de conflictos a docentes y personal educativo.
Finalmente, cabe preguntarnos como sociedad: ¿nos gustaría que se implementaran estas evaluaciones psicológicas de manera periódica para garantizar una educación de verdadera calidad? La respuesta a esta pregunta debería motivarnos a exigir y apoyar la creación inmediata de mecanismos que hagan posible este cambio significativo.
Evaluar periódicamente la salud psicológica de nuestros docentes es una inversión en calidad educativa, bienestar social y desarrollo sostenible. La experiencia finlandesa y la propia legislación dominicana nos demuestran que es posible y necesario construir un sistema educativo ejemplar, donde la prevención, el cuidado y la salud mental del docente sean tan valorados como sus competencias académicas y técnicas. Es momento de que República Dominicana dé ese paso necesario, urgente e impostergable.
Excelente aporte