En la República Dominicana, las Cámaras de Comercio y Producción deberían ser instrumentos eficaces para facilitar la formalización empresarial, fomentar el emprendimiento legal y apoyar el desarrollo económico regional. Sin embargo, en la práctica, estas instituciones enfrentan una serie de debilidades estructurales, operativas y de transparencia que las han convertido en obstáculos burocráticos para quienes buscan integrarse al sistema económico formal.
A diario, emprendedores y empresarios denuncian largos tiempos de espera para trámites simples, como actualizaciones, registros o certificaciones. Hay casos documentados de empresas que sometieron solicitudes desde febrero y, cinco meses después, no han recibido respuesta más allá de frases como “en trámite” o “en observación”, sin fechas límite ni vías efectivas de reclamación. En algunos casos, las observaciones son absurdas: errores que no existen, devoluciones de documentos ya aprobados o exigencias de cambiar información que coincide perfectamente con registros anteriores. Este tipo de prácticas, más que resolver, estanca.
Más grave aún es la reducción arbitraria del período de vigencia del Registro Mercantil. Anteriormente, este se emitía por dos o tres años. Hoy, muchas Cámaras de Comercio lo otorgan por solo un año, o incluso menos, generando costos innecesarios, procesos repetitivos y una inseguridad jurídica constante. En muchos casos, la vigencia del registro es incluso menor que la duración del consejo directivo de la misma empresa.
También se ha denunciado la emisión de actividades comerciales distintas a las solicitadas por los usuarios. Es decir, una empresa solicita registrar actividades específicas, pero la Cámara le coloca otras distintas. Esto se traslada automáticamente a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), dificultando su inscripción fiscal y su participación en procesos como proveedores del Estado. Es un error administrativo que tiene consecuencias legales y económicas directas.
Otro aspecto crítico es el manejo de la información confidencial. En varias Cámaras, cualquier ciudadano puede llenar un simple formulario y solicitar documentos oficiales de una empresa, sin tener relación con ella, sin autorización y sin que se verifique el propósito o el uso que se dará a esos documentos. Esta situación representa una seria violación al principio de integridad institucional y al derecho a la protección de datos empresariales.
Como si fuera poco, algunas Cámaras registran certificaciones nuevas sin comprobar si las asambleas sociales en las que se aprobaron están vigentes o si se cumplieron los requisitos formales. Además, no hay uniformidad en los procedimientos: algunas Cámaras exigen actas notariales con sellos físicos y recibos timbrados; otras no. Y la plataforma Formalízate —promovida por el gobierno como vía rápida para formalizar empresas— tampoco exige estos requisitos. Esto demuestra un vacío de coordinación institucional, que deja al ciudadano desinformado, confundido y muchas veces perjudicado.
El problema de fondo es aún más grave. Cuando los usuarios intentan comunicarse con las Cámaras, en muchos casos nadie responde el teléfono. Si alguien atiende, usualmente transfieren la llamada sin criterio, y en no pocas ocasiones la comunicación es interrumpida sin respuesta. Es evidente que estas instituciones no están diseñadas para atender la demanda actual. Si saben que el volumen de solicitudes es amplio, deberían aumentar su personal, habilitar centros de contacto funcionales, o al menos mejorar los canales digitales para dar seguimiento a los casos.
Además, muchas de sus páginas web exhiben formularios modernos, interfaces gráficas atractivas y servicios que ya no están disponibles, pero que siguen visibles como si aún se ofrecieran. En algunos portales incluso figuran trámites que llevan más de cinco años descontinuados. Esto genera falsas expectativas, pérdida de tiempo y frustración generalizada entre los usuarios.
Y aquí surge una gran interrogante: ¿cuántas Cámaras de Comercio existen realmente en la República Dominicana? ¿Cuál es su impacto real en la economía? ¿Cuántas han rendido informes públicos de gestión o se han sometido a auditorías? ¿Cuál ha sido su nivel de vinculación con los recursos del Estado? La respuesta es desconcertante: esta información no está fácilmente disponible en internet. Al intentar investigar datos concretos sobre auditorías, subsidios o rendiciones de cuenta, no se encuentra evidencia verificable ni datos públicos accesibles. Según la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, no hay registros de auditorías realizadas a estas instituciones en los últimos años, a pesar de que manejan procesos de certificación con efectos legales y económicos importantes.
Esta ausencia de información no solo refleja una grave falta de transparencia, sino que impide cualquier evaluación seria del impacto y legalidad con que operan estas entidades. La ciudadanía no puede saber con certeza si estas instituciones están cumpliendo su función, si sus procesos son auditables o si el Estado ha destinado fondos a su fortalecimiento.
Además, es importante señalar que gran parte del colapso actual del sistema de cámaras de comercio en el país tiene su origen en las decisiones centralizadas adoptadas por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, la cual, por su tamaño e influencia, ha pasado a gestionar el sistema tecnológico bajo el cual operan todas las demás. Esta centralización, lejos de fortalecer, ha generado un colapso estructural. Lo que antes se resolvía en 48 horas —cuando existía el servicio Vía Rápida (VIAPI)—, hoy puede tardar tres, cuatro y hasta cinco meses. Certificaciones, registros o renovaciones que tradicionalmente no tomaban más de 15 días, hoy se encuentran estancadas en un limbo técnico. Empresas que antes operaban con fluidez en cámaras como la de La Vega, Santiago o San Francisco de Macorís —históricamente eficientes y organizadas— ahora enfrentan una parálisis forzada, pues sus procesos dependen de un sistema nacional que la propia Cámara de Santo Domingo ha implantado sin contar con la capacidad técnica ni operativa para sostenerlo.
En los últimos siete meses, cientos de empresas han perdido licitaciones, retrasado aperturas de cuentas bancarias o tenido bloqueos contractuales por falta de entrega de documentos en tiempo oportuno. Se trata de un daño económico real, que está afectando la competitividad del país y deteriorando la confianza de los emprendedores. El monstruo digital y burocrático que se ha creado desde el centro, hoy no puede ser controlado ni siquiera por quienes lo impulsaron. Y mientras tanto, las cámaras locales que antes eran modelos de eficiencia, hoy duermen en la inoperancia por causa de un sistema unificado mal gestionado.
Frente a este panorama, es urgente que el Gobierno Central, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, la Cámara de Cuentas, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y otras instituciones rectoras, activen un proceso profundo de fiscalización y reforma institucional que permita:
- Establecer una auditoría nacional a todas las Cámaras de Comercio y Producción del país.
- Exigir la publicación anual de informes de gestión.
- Crear un sistema de supervisión y monitoreo técnico permanente.
- Establecer reglas comunes con notarios públicos, DGII y Formalízate.
- Publicar de manera obligatoria las tarifas de todos los servicios.
- Garantizar canales eficientes de atención al usuario.
- Y asegurar que toda persona que paga por un servicio, reciba un trato justo, ágil y profesional.
La formalización no puede seguir siendo un castigo. Las Cámaras de Comercio deben ser un puente hacia el desarrollo, no una trampa legal y burocrática. Si como país queremos impulsar el emprendimiento, la transparencia y la productividad, debemos empezar por ordenar las bases del sistema. Y eso comienza —inevitablemente— con un cambio profundo en la forma en que operan las Cámaras de Comercio.
