SIREPRECO la ley para terminar con los precios invisibles en República Dominicana

Este proyecto de ley surge desde la necesidad más común y al mismo tiempo más desatendida por las instituciones del país: el derecho del pueblo a saber cuánto paga, por qué lo paga y a quién puede reclamar cuando siente que le han cobrado de más. Durante años, los dominicanos y dominicanas hemos vivido atrapados en un sistema comercial donde la información sobre los precios de los productos de primera necesidad se presenta de forma inconsistente, desactualizada o simplemente ausente. En este contexto, el consumidor se convierte en la parte más vulnerable de una ecuación económica que debería estar equilibrada.

La República Dominicana, como muchas otras naciones en vías de desarrollo, enfrenta una crisis silenciosa pero profundamente dañina: la inexistencia de un sistema público, oficial, actualizado y obligatorio que garantice a la ciudadanía el acceso confiable a la información de precios. Hoy, lo que pagamos por los alimentos, medicamentos, combustibles, útiles escolares o servicios básicos cambia de un día para otro, de un barrio a otro, y de un negocio a otro, sin explicación alguna ni mecanismos efectivos para proteger a quien consume. Esa falta de transparencia abre la puerta a la especulación, al abuso y a la desigualdad. Y como siempre, es el que menos tiene quien más sufre.

Como autor técnico del Proyecto de Ley que crea el Sistema Nacional de Consulta, Registro y Denuncia de Precios (SIREPRECO), me mueve una firme convicción: esta ley no es una propuesta teórica ni un experimento digital, es una herramienta real, funcional, moderna y legalmente viable, construida desde la necesidad concreta de nuestro pueblo. No es una idea vacía. Es una respuesta legislativa sólida, estructurada con base jurídica nacional y una visión institucional clara. El SIREPRECO viene a llenar un vacío histórico. Por primera vez, se plantea una solución legal que obliga a los comercios de gran escala —supermercados, farmacias, tiendas por departamentos y grandes distribuidores— a registrar y mantener actualizados los precios de los productos esenciales que ofrecen al público. No se trata de imponer controles de precios, sino de garantizar transparencia. Un mercado donde solo el que vende conoce el valor real de los productos es un sistema diseñado para el abuso. Esta ley lo que hace es equilibrar el terreno de juego.

Imaginemos una situación cotidiana: una madre soltera en Barahona compra una lata de leche a 250 pesos. En Santo Domingo, esa misma leche se vende a 185 pesos. ¿Cómo puede saber si está siendo engañada? ¿A quién puede reclamar? ¿Tiene forma de comparar sin moverse de su comunidad? Hoy no. Pero con el SIREPRECO, sí. Desde su celular o desde un quiosco comunitario, cualquier persona podrá consultar precios en tiempo real, comparar ofertas entre distintos comercios y denunciar irregularidades con evidencia: fotos, facturas, capturas de pantalla o testimonios. El sistema asignará un número de caso y Pro Consumidor estará obligado legalmente a dar respuesta. Esto no solo empodera al consumidor, también promueve la competencia leal, protege al comerciante que actúa con transparencia y fortalece el tejido institucional.

La ley no afecta a las micro y pequeñas empresas. Por el contrario, las exonera de esta obligación, salvo que incurran de manera sistemática en prácticas abusivas comprobadas. SIREPRECO no es una trampa para los más pequeños, es un límite para los que abusan de su posición dominante en el mercado. Aquellos comercios con más de quince empleados o con ventas anuales superiores a los diez millones de pesos estarán en la obligación de cumplir con esta normativa. Además, Pro Consumidor podrá identificar, mediante resolución motivada, otros establecimientos con impacto significativo en el mercado local que deban incorporarse al sistema.

Esta iniciativa también representa una oportunidad para revitalizar y fortalecer institucionalmente a Pro Consumidor e INESPRE. Durante años, estas entidades han intentado cumplir con su rol protector, pero sin contar con mecanismos tecnológicos ni marcos normativos que respalden su actuación. El SIDIP 2.0, por ejemplo, ha demostrado ser ineficiente por ser voluntario, desactualizado y sin facultades sancionadoras reales. Por su parte, INESPRE ha sido relegado a realizar ferias y mercados móviles, cuando su misión original era mucho más ambiciosa: garantizar productos básicos a precios justos. Con la creación del SIREPRECO, estas instituciones tendrán una herramienta real para emitir alertas ante aumentos injustificados, validar denuncias con pruebas verificables, aplicar sanciones ejemplares y coordinarse con otros entes públicos para garantizar un mercado más transparente y justo.

Este proyecto de ley fue depositado formalmente ante la Cámara de Diputados por la diputada Gabriela María Abreu Santos, representante de la Circunscripción Núm. 2 (Constanza, Jarabacoa y Tireo), quien, en coherencia con su compromiso social y legislativo, ha asumido como prioridad la defensa de los derechos del consumidor y la búsqueda de soluciones concretas frente a los abusos del mercado. Su liderazgo ha sido clave para que esta iniciativa avance con visión de Estado y respaldo institucional. Como autora proponente, ha articulado voluntades políticas para impulsar esta propuesta, y como representante legítima del pueblo, ha dado voz a una demanda ciudadana que durante años ha sido postergada.

Vale resaltar que esta propuesta no se sustenta en deseos personales ni soluciones improvisadas. Está respaldada por un conjunto articulado de leyes nacionales que la hacen posible y necesaria. El artículo 53 de la Constitución reconoce el derecho de los consumidores a recibir información veraz, oportuna y adecuada sobre los bienes y servicios. La Ley 358-05 de Protección al Consumidor, la Ley 200-04 de Acceso a la Información Pública, la Ley 42-08 sobre Defensa de la Competencia, la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, así como la Ley 526-69 que crea INESPRE, entre muchas otras, aportan el fundamento jurídico que convierte al SIREPRECO en una herramienta legítima, útil y perfectamente aplicable. Su ejecución no dependerá de presupuestos extraordinarios ni préstamos internacionales: el financiamiento saldrá del presupuesto ordinario de Pro Consumidor, lo que garantiza su viabilidad financiera desde el inicio.

Y no se trata de una idea aislada. En países como Chile, Brasil y México ya existen sistemas similares que permiten a los ciudadanos consultar, comparar y denunciar precios en tiempo real. La diferencia es que aquí, por primera vez, se propone una ley que lo haga obligatorio, fiscalizable y con consecuencias legales. No estamos inventando el fuego. Estamos adaptando una solución probada a nuestra realidad local, con el respaldo técnico necesario para asegurar su sostenibilidad.

Este proyecto es una respuesta legal a una injusticia cotidiana. Es la transformación de una queja común en una política pública. Porque cuando los precios suben sin razón, el que más pierde es el que menos tiene. Pero cuando la ley se pone del lado del pueblo, los cambios pueden ser profundos, duraderos y justos. Por eso, esta no debe ser vista como una ley más entre muchas. Es una oportunidad para poner a la República Dominicana en la dirección correcta: hacia una economía con reglas claras, con consumidores informados y con comercios responsables. Una ley para que el pueblo no compre a ciegas. Una ley para que el silencio no siga siendo más caro que el producto. Una ley para saber cuánto pagamos, por qué y a quién reclamar.

¿Te gustaría que con una simple aplicación móvil puedas visualizar precios reales, comparar entre comercios, y hasta denunciar productos vencidos, alterados o con sobreprecios, recibiendo una respuesta legal sin moverte de tu comunidad? Entonces, ¿por qué no apoyar una ley que te devuelva ese derecho?