ASÍ LO VEO YO
Por Ephraim Alburquerque
La reciente decisión de la jueza Fátima Veloz, que otorgó libertad a los propietarios de la discoteca Jet Set tras el colapso de su techo —un hecho que cobró 235 vidas y dejó decenas de heridos—, ha encendido una pregunta incómoda: ¿la justicia dominicana responde al derecho o al poder?
El fallo que no cierra heridas
Jurídicamente, el argumento de la jueza se sostiene en la falta de pruebas concluyentes y el arraigo de los imputados. Pero moralmente, el veredicto no satisface a una sociedad herida, que esperaba señales claras de que la justicia no ignora el dolor colectivo. La prisión preventiva no es un castigo anticipado, pero en casos de esta magnitud, su aplicación habría sido un gesto de equilibrio entre el proceso legal y la reparación simbólica.
El caso tomó un giro más oscuro con la revelación del descargo voluntario firmado por Zuleika Pérez, hija del legendario Rubby Pérez, donde admite haber recibido RD$1 millón como compensación económica. Este documento, avalado por un notario, libera a los dueños de Jet Set de responsabilidad civil. Pero aquí surge otra pregunta: ¿puede un acuerdo privado mitigar la dimensión pública de 235 muertes?
El Estado tiene el deber de proteger el interés colectivo, no solo de validar transacciones entre particulares. Si la justicia penal se debilita ante acuerdos económicos, el mensaje es claro: en República Dominicana, la impunidad tiene precio.
Un sistema que pierde credibilidad
El colapso de Jet Set no solo destruyó un edificio, sino que agrietó la confianza en las instituciones. Cuando la justicia parece accesible solo para quienes pueden pagarla, se normaliza una peligrosa idea: que la vida humana tiene un valor negociable.
No se pide linchamiento mediático, sino proporcionalidad. No se exige venganza, sino dignidad para las víctimas. Si 235 muertes pueden quedar en el olvido por tecnicismos legales y cheques firmados, entonces la respuesta es tan fría como real: en este país, la justicia también tiene dueños.
