Cada noche, cuando cae la oscuridad sobre cientos de barrios y comunidades del país, también se apagan derechos fundamentales: el derecho a la seguridad, a la movilidad, a la vida comunitaria y a la dignidad. Pero detrás de cada calle sin luz no solo hay un problema técnico o presupuestario. Hay algo más grave: una ambigüedad legal que ha dejado a los gobiernos locales atrapados entre la exigencia ciudadana y el abandono institucional. Todo esto tiene un nombre y un número: artículo 134 de la Ley General de Electricidad No. 125-01.
Este artículo, que debía garantizar el alumbrado público en todo el territorio nacional, ha terminado siendo una excusa perfecta para que las empresas distribuidoras de electricidad (EDES) trasladen la carga del servicio a los municipios, sin recursos suficientes ni reglas claras. La ley les otorga la obligación de diseñar, instalar y mantener el sistema de alumbrado, pero también les permite desentenderse si el ayuntamiento “decide asumirlo”, entregándole a cambio un 3 % de la facturación local. ¿Resultado? Un sistema en el que nadie asume la responsabilidad completa, pero todos se protegen detrás de la redacción confusa de un artículo mal concebido.
Ese 3 % —que parece una solución— no resuelve nada. En muchos casos ni siquiera alcanza para pagar el consumo mensual, mucho menos para reemplazar lámparas, reparar transformadores, comprar materiales o contratar técnicos. Y mientras tanto, las EDES siguen cobrando el servicio a los ciudadanos, aunque en muchos municipios no haya una sola lámpara instalada con esos fondos.
La situación es aún más absurda cuando lo analizamos desde la lógica básica del servicio público. ¿Cómo es posible que las empresas cobren por un servicio completo, pero solo garanticen una parte? El ciudadano paga religiosamente en su factura eléctrica un monto por alumbrado público, pero ese cobro no garantiza que reciba el servicio. Las EDES, que recaudan millones mensualmente por este concepto, no tienen una obligación estructurada ni controlada para garantizar que ese alumbrado exista realmente en cada barrio.
Es como pagarle a una empresa de agua todos los meses y que esta solo instale la tubería, pero no te garantice que salga agua. O peor aún: que cuando reclames, te digan que eso le corresponde al ayuntamiento, que no tiene ni las herramientas ni el presupuesto para resolverlo. Este desequilibrio ha convertido a los gobiernos locales en el “chivo expiatorio” del sistema eléctrico, respondiendo ante los ciudadanos por un servicio que ni controlan ni pueden financiar con los recursos que reciben.
Y lo más preocupante es que, aunque la misma ley establece que debe existir un reglamento técnico para operativizar este artículo, la Superintendencia de Electricidad nunca lo ha emitido completamente. Esa omisión, por sí sola, revela un fallo estructural que ha perjudicado durante años a las comunidades más vulnerables. Sin reglas claras, sin estándares, sin auditorías y sin sanciones, el artículo 134 ha servido más para proteger a las distribuidoras que para garantizar un derecho ciudadano.
Reformar el artículo 134 no es un capricho legalista ni un ejercicio teórico. Es una necesidad urgente para devolver la coherencia institucional a un servicio esencial. Se necesita establecer con claridad:
- Que las EDES tienen responsabilidad operativa permanente.
- Que los ayuntamientos canalizan reclamos y monitorean el servicio, pero no se les puede imponer una carga que no pueden sostener.
- Que se definan plazos concretos de respuesta, mecanismos de acceso al Fondo de Alumbrado Público cuando las EDES no puedan actuar, y sanciones por incumplimiento.
Mientras esta reforma no ocurra, se seguirá acumulando frustración en las comunidades, presión sobre los alcaldes y silencio desde las instituciones responsables. Y lo más grave: se seguirá repitiendo un patrón injusto, en el que el pueblo paga por un servicio que no recibe, y los gobiernos locales cargan con una obligación que no les corresponde ni pueden cumplir.
¿Hasta cuándo vamos a seguir tolerando que nos cobren por lo que no recibimos? ¿Cuánto más soportarán los gobiernos locales la presión de una ciudadanía a la que se le miente mes tras mes en la factura eléctrica? Si usted cobra por un servicio, lo mínimo que puede hacer es ofrecerlo completo: no solo el cableado, sino la luz. No solo la promesa, sino la lámpara encendida.
Esa es la deuda pendiente.
Esa es la reforma que urge.
Y esta vez, no podemos dejarla pasar.
