SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – Representantes clave de los sectores inmobiliario y turístico han alertado sobre una grave parálisis de proyectos debido a la inconsistente aplicación de la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, situación que está afectando significativamente el clima de inversiones en el país.
Crisis por contradicciones en la aplicación de la ley
El sector empresarial ha identificado problemas críticos en la implementación de la legislación, particularmente en lo referente al:
- Artículo 24 de la Ley 368-22, que otorga competencias a los distritos municipales
- Contradicciones entre diferentes instancias gubernamentales
- Paralización de más de 70 proyectos estratégicos en zonas turísticas clave
«La inseguridad jurídica actual viola principios básicos de planificación urbana y desarrollo sostenible», señaló un representante de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Este.
Impacto económico y llamado a la acción
La situación está generando:
- Retrasos en inversiones nacionales y extranjeras
- Riesgo de pérdidas millonarias
- Posibles despidos masivos
- Desaceleración económica en regiones turísticas
Los empresarios hacen un llamado urgente al presidente Luis Abinader para:
- Garantizar la aplicación coherente de la ley
- Respetar las competencias municipales
- Restablecer la seguridad jurídica
- Reactivar los proyectos paralizados
«Sin certeza legal, ningún inversionista serio apostará por el país», advirtió un destacado desarrollador turístico que prefirió mantener el anonimato.