Cada vez que llueve intensamente en el Gran Santo Domingo, la historia se repite: calles colapsadas, familias atrapadas, viviendas inundadas y pérdidas que superan lo que cualquier hogar humilde puede soportar. En las riberas de los ríos Ozama e Isabela, donde se calcula que más de 300,000 personas viven en condiciones de vulnerabilidad, la lluvia no es motivo de esperanza ni de frescura, sino de miedo. Allí, la pobreza, la contaminación y el abandono se entremezclan con el agua que sube de golpe y arrastra todo lo que encuentra a su paso.
Es en este contexto que surge el Decreto núm. 531-25, emitido por el presidente Luis Abinader, que declara de alta prioridad la recuperación de esas riberas. Podría pensarse que es un decreto más, como tantos que se publican y terminan archivados. Pero no: este tiene un potencial enorme. Puede ser el punto de partida para demostrar que la República Dominicana está lista para aplicar de manera real y efectiva el ordenamiento territorial que tanto necesita, con visión técnica, inversión pública seria y justicia social.
La Constitución dominicana lo respalda. En su artículo 66 establece que toda persona tiene derecho a disfrutar de un medio ambiente sano, y en el artículo 67 obliga al Estado a prevenir la degradación ambiental y conservar los ecosistemas. La Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales refuerza este mandato: en su artículo 6 declara al medio ambiente como patrimonio común, y en su artículo 15 dispone que las autoridades deben adoptar medidas de prevención, conservación y restauración en ecosistemas deteriorados. No hay duda de que el Ozama y el Isabela, convertidos en focos de contaminación y vulnerabilidad social, requieren esta acción urgente.
La Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos va más allá. En su artículo 4 define que el ordenamiento debe garantizar seguridad, sostenibilidad ambiental y cohesión social. El artículo 12 otorga al Estado y a los municipios la responsabilidad de organizar el uso del suelo para reducir riesgos, y el artículo 48 crea el Banco de Información para el Ordenamiento Territorial, una herramienta que debería centralizar todos los datos territoriales y guiar la planificación. Pero el BIPOC aún no está plenamente operativo, y sin él las decisiones sobre asentamientos y usos de suelo corren el riesgo de convertirse en acciones improvisadas. Aquí radica uno de los mayores retos: que el decreto no se quede en intervenciones aisladas, sino que se apoye en datos, planificación y visión de largo plazo.
Otras leyes también lo refuerzan. La Ley 147-02 de Gestión de Riesgos obliga a evitar asentamientos en zonas de alto riesgo. La Ley 333-15 de Biodiversidad protege los ecosistemas ribereños. La Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 establece como meta reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático y avanzar hacia ciudades sostenibles. Y la Convención RAMSAR, ratificada por el país, compromete a proteger los humedales y su biodiversidad. El marco legal existe; lo que falta es convertirlo en acción coherente y sostenida.
El primer gran desafío es el drenaje pluvial integral. Las inundaciones del Gran Santo Domingo no son solo producto de ríos desbordados, sino de un sistema de drenaje inexistente o insuficiente. Un plan maestro de drenaje pluvial metropolitano es indispensable, articulando colectores, cañadas y redes subterráneas. Sin este componente, cualquier inversión en las riberas quedará incompleta.
El segundo reto es la justicia social en la reubicación. No basta con desalojar familias: se necesitan viviendas dignas, acceso a servicios básicos y programas de integración comunitaria. La Ley 368-22 lo establece claramente: el ordenamiento territorial debe ser inclusivo y participativo. Reproducir cinturones de pobreza en otros lugares no es una solución, es perpetuar el problema.
El tercer desafío es la gobernanza metropolitana. Los ríos no conocen límites municipales, pero nuestras instituciones sí. El decreto solo será exitoso si integra al Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte bajo un modelo de coordinación conjunta, evitando que cada ayuntamiento actúe de manera fragmentada.
Y finalmente, está el tema de la inversión pública. No se puede esperar que una transformación de esta magnitud se logre con presupuestos anuales fragmentados. Se requiere una inversión plurianual, robusta y sostenida, con un fondo especial, acompañada de financiamiento internacional. El Banco Mundial estima que las inundaciones urbanas le cuestan a la República Dominicana más de RD$5,000 millones al año en pérdidas directas. Invertir en drenaje, saneamiento y vivienda no es un lujo: es un mecanismo de ahorro y de protección social. Cada peso invertido en resiliencia puede ahorrar tres o cuatro veces más en pérdidas evitadas.
La importancia estratégica del Decreto 531-25 es incalculable. Puede salvar vidas, regenerar barrios degradados, convertir las riberas en corredores verdes, elevar el valor urbano y turístico de la capital y servir como modelo replicable en otras ciudades del país. Pero lograrlo implica superar la tentación de la improvisación y abrazar de una vez el ordenamiento territorial como política de Estado.
Desde mi perspectiva, este decreto es una oportunidad histórica. Nunca antes habíamos estado tan cerca de articular la normativa ambiental, la planificación territorial y la gestión de riesgos en un solo proyecto. Su aplicación efectiva no es solo un deber legal, sino una cuestión de justicia social y de futuro. No se trata únicamente de limpiar riberas o de mover familias, sino de dignificar comunidades, proteger vidas y demostrar que el país puede planificar con seriedad.
El Gran Santo Domingo no puede seguir atrapado en un círculo de improvisación y vulnerabilidad. Si asumimos este decreto con la seriedad que merece, dentro de algunos años podremos mirar al Ozama y al Isabela no como símbolos de pobreza y abandono, sino como ejemplos de resiliencia, sostenibilidad y orgullo nacional. Esa es la verdadera medida del reto que hoy tenemos por delante.
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