En la gestión pública local dominicana se ha instalado, durante años, una discusión recurrente sobre la insuficiencia de recursos para sostener servicios esenciales. Sin embargo, en el caso específico de la gestión de residuos sólidos, esa narrativa resulta cada vez menos precisa. Hoy el sistema cuenta con un marco legal actualizado, mecanismos de financiamiento definidos y asignaciones directas por habitante que, en teoría, permiten fortalecer la operación municipal. El verdadero desafío ya no es demostrar que el dinero existe, sino explicar por qué, aun existiendo, muchos territorios no logran convertirlo en servicios eficientes, sostenibles y verificables.
La asignación de veinte pesos por habitante representa una oportunidad concreta para los gobiernos locales, pero su aprovechamiento efectivo depende de una condición que no puede seguir siendo tratada como secundaria: la existencia de un Plan Municipal de Aseo y Recolección de Desechos Sólidos formulado, instaurado y operativamente vigente. Sin ese instrumento, el recurso per cápita pierde capacidad transformadora y se diluye en gasto reactivo, sin impacto estructural ni sostenibilidad en el tiempo.
Conviene decirlo con claridad técnica: el dinero no sustituye al plan. El plan es el que le da sentido al dinero.
La planificación municipal en materia de residuos no es un formalismo administrativo ni un requisito impuesto desde fuera. Es el mecanismo que conecta la ley con la operación diaria, el presupuesto con el servicio, el cobro con la rendición de cuentas y la inversión con la sostenibilidad. Un ayuntamiento que opera sin plan no solo limita su acceso efectivo a fondos específicos, sino que compromete la legitimidad del gasto, debilita el control institucional y reproduce esquemas de improvisación que terminan afectando la salud pública, el medio ambiente y la confianza ciudadana.
La reciente actualización del marco jurídico dominicano en materia de residuos sólidos refuerza esta lógica. La normativa vigente apuesta por una gestión integral y sostenible, fortalece financieramente el sector, promueve la economía circular y redefine responsabilidades claras para los gobiernos locales. Pero ninguna ley se ejecuta por sí sola. La eficacia normativa depende, en última instancia, de la capacidad institucional instalada en el territorio. Cuando esa capacidad no existe, la ley se cumple de manera parcial, desigual o meramente formal.
Aquí es donde el debate debe dar un giro estratégico. No todos los municipios parten del mismo nivel de capacidad técnica, administrativa y operativa. Existen asimetrías territoriales evidentes entre municipios urbanos, rurales y mixtos; entre ayuntamientos con equipos técnicos consolidados y otros que operan con estructuras mínimas, sobrecargadas y sin acompañamiento especializado. Pretender que todos formulen e implementen planes complejos de manera aislada es desconocer esa realidad y, en la práctica, profundizar la desigualdad institucional.
Por ello, resulta plenamente viable y coherente impulsar un esquema de acompañamiento técnico estructurado para la formulación e implementación de planes municipales de aseo y recolección. El acompañamiento no vulnera la autonomía municipal; por el contrario, la fortalece. Tampoco impone modelos uniformes, sino que garantiza que cada gobierno local cuente con una herramienta ajustada a su realidad demográfica, territorial, operativa y financiera.
En este punto, el rol articulador de la Federación Dominicana de Municipios y la Liga Municipal Dominicana se vuelve estratégico. Una actuación coordinada permitiría establecer metodologías comunes, asistencia técnica especializada, procesos de capacitación y mecanismos de seguimiento que aseguren que los municipios no solo formulen planes, sino que los instauren, los operen y los evalúen de manera continua. Se trata de pasar de la producción de documentos a la instalación real de capacidades.
Este enfoque es plenamente compatible con la estructura presupuestaria municipal vigente. La normativa permite destinar hasta un setenta y cinco por ciento del presupuesto a gastos corrientes, incluyendo nómina, personal administrativo y operativo, mantenimiento ordinario y funcionamiento de los servicios de competencia municipal. Dentro de este componente, la obligación de especializar al menos un cinco por ciento en programas de educación, salud y género introduce una dimensión social que se vincula directamente con la gestión de residuos, especialmente por su impacto en salud ambiental y calidad de vida.
El veinticinco por ciento restante, destinado a inversión y capital, habilita la construcción y adecuación de infraestructuras, la adquisición de equipos, la reinversión operativa y el impulso de iniciativas de desarrollo económico local y social. Un Plan Municipal de Aseo correctamente formulado permite ordenar ambos componentes: define qué parte del gasto corriente sostiene la operación diaria del servicio y qué parte de la inversión fortalece su sostenibilidad a mediano y largo plazo. Sin ese orden, el presupuesto se fragmenta; con él, se convierte en una hoja de ruta técnica y financiera.
Desde esta perspectiva, el acompañamiento técnico no debe verse como un costo adicional ni como una concesión institucional, sino como una inversión estratégica en gobernabilidad local. Municipios con planes claros acceden mejor a los recursos, ejecutan con mayor coherencia, rinden cuentas con mayor solidez y generan confianza tanto en la ciudadanía como en los órganos de control. Además, un modelo de acompañamiento bien diseñado es replicable, escalable y adaptable a distintas realidades territoriales, lo que lo convierte en una herramienta de política pública con alto valor sistémico.
El mensaje es directo y debe asumirse sin ambigüedades: los veinte pesos por habitante son una herramienta, no una solución automática. La solución real está en fortalecer la capacidad de planificación, ejecución y control de los gobiernos locales bajo un esquema institucional coherente, coordinado y técnicamente respaldado. Cuando el plan existe y se acompaña, el dinero cumple su propósito; cuando no, el sistema se estanca y reproduce los mismos problemas con nuevos recursos.
En ese sentido, resulta pertinente cerrar el debate con recomendaciones concretas y operativas. Primero, instaurar un programa formal de acompañamiento técnico para la formulación e implementación de planes municipales de aseo, articulado desde las entidades de representación y apoyo municipal. Segundo, incorporar de manera expresa estos planes como prioridad en la programación presupuestaria anual de los ayuntamientos, tanto en gasto corriente como en inversión. Tercero, homologar criterios técnicos mínimos para la evaluación y seguimiento de los planes, asegurando trazabilidad, medición de resultados y rendición de cuentas. Cuarto, promover mecanismos de intercambio de buenas prácticas entre municipios, de modo que las experiencias exitosas puedan replicarse y adaptarse. Y quinto, asumir que la planificación no es un evento puntual, sino un proceso continuo que debe actualizarse y fortalecerse con el tiempo.
El reto actual no es demostrar que la normativa y los fondos existen, sino garantizar que cada territorio tenga las condiciones reales para aprovecharlos y convertirlos en bienestar colectivo. En ese punto, el acompañamiento técnico deja de ser una opción política y se convierte en una condición necesaria para la sostenibilidad del modelo municipal de gestión de residuos sólidos.
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Colección: Territorio y Nación – Ensayos sobre Desarrollo Municipal, Político y Social.
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