Hay políticas públicas que prometen desarrollo construyendo. Esta propone algo menos visible, pero muchas veces más rentable: ahorrar dinero público ordenando la información con la que el Estado planifica el territorio. La Política Nacional de Datos Geoespaciales no es un documento “de mapas”; es una propuesta de gobernanza para que los datos del territorio dejen de ser un rompecabezas institucional y se conviertan en infraestructura pública útil, interoperable y sostenible.
Cuando hablamos de datos geoespaciales, hablamos de información vinculada a una ubicación: límites, vías, hidrografía, relieve, uso y cobertura del suelo, equipamientos, redes de servicios, áreas de riesgo y, donde aplique, parcelario y catastro. No son gráficos para presentar; son insumos para decidir. Y cuando esos insumos existen, pero no circulan bajo reglas comunes, aparece una factura silenciosa: el Estado paga varias veces por lo mismo y, peor aún, toma decisiones con evidencia fragmentada.
En la práctica, el país ha operado durante años con datos dispersos, procesos duplicados y acceso burocrático a información territorial. Cada institución termina resolviendo “por su lado”: levanta otra vez inventarios de caminos vecinales, repite diagnósticos de drenaje pluvial, vuelve a contratar delimitaciones de sectores, produce nuevas capas de puntos críticos de riesgo o rehace mapeos de luminarias, de aceras y contenes, de rutas de residuos o de infraestructura básica, aun cuando ya hubo esfuerzos previos en otras entidades. Esa repetición suele verse como trabajo técnico, porque se entrega un producto, se ejecuta un contrato y se “hace algo”. Sin embargo, cuando se hace sin repositorios confiables, sin estándares y sin obligación de publicar, deja de ser esfuerzo y se convierte en duplicidad presupuestaria.
El problema no es la falta de tecnología. Se puede tener portales, servidores y visores, y aun así no tener sistema. Un sistema existe cuando hay datos oficiales publicados y localizables, metadatos que permitan entender su origen y su calidad, estándares comunes para integrarlos, y una rutina institucional que garantice actualización y mantenimiento. Sin esa disciplina, las plataformas terminan pareciéndose a vitrinas: se ven modernas, pero no generan reutilización real, ni trazabilidad, ni confianza técnica para diseñar y presupuestar con precisión.
Aquí entra el núcleo de la política: interoperabilidad y calidad. Cuando cada entidad produce información con diferentes sistemas de coordenadas, escalas, formatos, catálogos y criterios de validación, el país pierde la posibilidad de integrar capas y cruzar evidencia. Y cuando la interoperabilidad falla, el daño no se queda en el SIG; se traslada a permisos, diseños, presupuestos y plazos. La planificación se vuelve frágil: se tarda más, se discute más, se corrige tarde y se decide con menos precisión. El costo no se reduce al dinero, se paga también en retrasos, sobrecostos, conflictos interinstitucionales y proyectos que nacen con una base débil.
En un país donde el territorio define acceso al agua, expansión urbana, presión ambiental y exposición a amenazas naturales, administrar con datos débiles equivale a administrar con incertidumbre. Esa incertidumbre es cara, porque obliga a rehacer análisis, reubicar intervenciones, renegociar decisiones y justificar con prisa lo que debió sustentarse con evidencia desde el inicio. La frase incómoda, pero realista, es esta: cuando el Estado decide con datos dispersos, no solo gasta más; también se equivoca más, y la corrección siempre es más cara que la prevención.
Donde esa fragilidad se vuelve más evidente es en el nivel local. Muchos gobiernos municipales operan con limitaciones de equipamiento, formación y capacidad instalada para gestionar información georreferenciada con calidad. Esto crea dependencia y, en ocasiones, resignación: el municipio necesita planificar, pero no siempre puede producir datos, ni acceder a datos existentes con facilidad, ni convertirlos en información útil para la gestión diaria. Cuando eso ocurre, la planificación local queda condicionada por urgencias, intuición o documentos que no dialogan entre sí. Si la política se ejecuta como corresponde, el municipio deja de ser el último en enterarse del territorio y puede sostener decisiones con evidencia: permisos mejor fundamentados, priorización más justa de obras, defensa técnica más sólida ante conflictos de uso de suelo y una gestión del riesgo menos improvisada.
La viabilidad de la política no depende de promesas grandilocuentes; depende de decisiones concretas y sostenidas. Se necesita un esquema de gobernanza simple y funcional: una instancia rectora que fije normas, estándares y coordinación; instituciones custodias responsables de producir y mantener capas oficiales con calidad definida; e instituciones usuarias que consuman servicios, retroalimenten necesidades y reporten brechas. Esta arquitectura se resume en un principio que debería ser norma de gestión: el Estado debe invertir una vez y reutilizar muchas.
Para lograrlo, conviene priorizar con método. Primero, las capas de referencia sobre las que todo se apoya: límites, vialidad, hidrografía, relieve, uso/cobertura del suelo, equipamientos, servicios y amenazas/riesgos. Después, las capas temáticas que dependen de proyectos y sectores, con ciclos de actualización definidos. Sin una base común, cada plan parte de una realidad distinta, y en política pública esa diferencia es el punto de partida del desperdicio.
El avance debe ser medible, o no será política: será retórica. Indicadores simples bastan para demostrar cambio real: cuántas capas base están publicadas como servicios reutilizables; cuánto tarda una institución en localizar y obtener información territorial oficial; cuántas entidades consumen los mismos servicios en lugar de producir duplicados; con qué frecuencia se actualizan capas críticas; cuántos levantamientos repetidos se reducen; cuánto se acorta el tiempo de análisis y cuánto mejora el soporte técnico de decisiones y proyectos. Si no se mide, el país seguirá pagando la duplicidad con presupuestos y con tiempo.
La política también debe incorporar una salvaguarda madura: datos abiertos cuando corresponda, con criterios de seguridad, privacidad y uso responsable para información sensible. La transparencia no es desorden; es acceso con reglas, trazabilidad y responsabilidad.
En síntesis, esta política no compite con el cemento: lo protege. Cada obra que se decide con información territorial sólida tiene más posibilidades de ubicarse bien, diseñarse mejor, costar lo justo y responder a una necesidad real. El verdadero ahorro ocurre cuando el Estado deja de pagar por la descoordinación, reduce duplicidades, acelera decisiones y fortalece la transparencia.
El cierre, entonces, debe ser directivo. Si queremos que esto deje de ser un buen documento y se convierta en ahorro real, hay tres decisiones que no admiten postergación: publicar capas base oficiales como servicios reutilizables; obligar estándares y metadatos para todo dato territorial financiado con fondos públicos; y medir, con indicadores públicos, la reutilización efectiva frente a la duplicación. La política será exitosa cuando el país deje de comprar el mismo territorio dos veces.
La información analizada en el presente artículo fue recopilada y sistematizada a partir de fuentes institucionales de acceso público y documentos oficiales, incluyendo la Política Nacional de Datos Geoespaciales del Instituto Geográfico Nacional “José Joaquín Hungría Morell” (IGN-JJHM), los recursos y lineamientos disponibles en el Geoportal/Infraestructura de Datos Espaciales de la República Dominicana (IDERD), y materiales técnicos divulgados por entidades públicas vinculadas a la planificación, el ordenamiento territorial y la gestión del territorio. El enfoque, análisis y conclusiones son de elaboración propia.
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Colección: Territorio y Nación – Ensayos sobre Desarrollo Municipal, Político y Social.
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