Por Félix Adalberto Bautista
El sector agropecuario en la República Dominicana ha sido históricamente uno de los pilares fundamentales de la economía nacional, sustentado mayormente en la producción a pequeña y mediana escala. Sin embargo, la reciente reforma fiscal presentada por el gobierno introduce una serie de cambios que podrían poner en aprietos a los productores agrícolas, especialmente aquellos que operan de manera informal o semi-formal.
Uno de los principales cambios que afecta a los sectores productivos agropecuarios es la inclusión de solares y terrenos rurales en el cálculo del Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria (IPI). Esto significa que tierras agrícolas, que han visto un aumento en su valor de mercado debido a la valorización del suelo, estarán sujetas a un gravamen del 1% sobre el valor que exceda los RD$5,025,380.75. En términos prácticos, una finca de 1,500 tareas cuyo valor de mercado actual sea de RD$100,000 por tarea tendría un valor total de RD$150 millones. Esto convertiría automáticamente a los propietarios en “millonarios nominales”, aunque en la realidad muchas de estas familias viven en condiciones económicas muy precarias. El impuesto sobre esa propiedad ascendería a RD$1.5 millones anuales, una cifra absolutamente inalcanzable para la mayoría de los pequeños y medianos agricultores, quienes podrían verse forzados a vender sus tierras para cubrir los impuestos.
Este escenario se complica aún más cuando la tierra es parte de una herencia compartida entre varios hermanos, una situación bastante común en el campo dominicano. En muchos casos, solo uno o dos miembros de la familia administran las tierras, mientras que los demás carecen de medios económicos. Esta carga tributaria no solo aumenta la presión sobre los productores, sino que podría provocar una fragmentación de tierras, con consecuencias negativas tanto para la productividad agrícola como para la cohesión familiar.
Por otro lado, la reducción del Régimen Simplificado de Tributación (RST) a solo RD$5 millones anuales pone a gran parte de los productores en una situación crítica. La mayoría de los agricultores aún no están registrados formalmente en el sistema tributario. Aquellos que logren cumplir con el nuevo umbral enfrentan el reto de una mayor carga administrativa, que incluye la retención y pago del ITBIS. La propuesta de aplicar ITBIS a rubros agropecuarios en un sector donde predomina la informalidad genera una complejidad adicional: ¿quién sería el agente de retención? Los intermediarios, mayoristas y distribuidores, que a menudo trabajan fuera del radar fiscal, serían los encargados de retener y pagar este impuesto. Sin embargo, en un entorno donde los registros formales son casi inexistentes, esta medida parece difícil de implementar sin generar distorsiones adicionales.
La gran pregunta es cómo puede adaptarse un sector tan informal como el agropecuario a un marco tributario mucho más exigente y formal. Actualmente, se estima que de los 300,000 contribuyentes registrados, solo 28,000 están acogidos al RST, y este número incluye a los agricultores. La brecha entre el número real de productores y aquellos formalmente registrados es abismal. Si el objetivo del gobierno es formalizar la economía agropecuaria, la reforma presenta enormes desafíos que podrían tener el efecto contrario: más informalidad, evasión y debilitamiento del sector productivo.
El impacto de esta reforma no solo afectaría a los agricultores directamente, sino a toda la cadena de suministro agrícola, desde la producción hasta la comercialización. La retención del ITBIS por parte de agentes informales generaría caos en un mercado donde muchas transacciones se realizan en efectivo y sin facturas. En este contexto, es crucial entender que la implementación de medidas tributarias sin un marco adecuado de formalización y apoyo a los productores no solo afectará la capacidad de los agricultores para competir, sino que también amenazará la seguridad alimentaria del país.
En resumen, la reforma fiscal representa un gran reto para el sector agropecuario dominicano. Mientras que el objetivo de formalizar la economía es loable, es necesario reconocer las particularidades del sector agrícola, donde la informalidad y la pobreza estructural siguen siendo barreras significativas para la aplicación de un régimen tributario más estricto. Las autoridades deben encontrar un equilibrio entre el objetivo de aumentar la recaudación fiscal y la necesidad de proteger a los productores más vulnerables de una carga fiscal que podría llevar a la descapitalización y al abandono de tierras.
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