Por Wal Polanco
En teoría, la legislación dominicana protege a las mujeres embarazadas, prohibiendo su despido sin autorización del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, la realidad dista mucho de este ideal, como lo demuestra el caso de la señora Moronta.
A las 8 semanas de gestación, Moronta fue despedida sin justificación, perdiendo no solo su salario de 45,000 pesos mensuales, sino también su seguridad social y estabilidad emocional durante el embarazo. Tras más de un año de espera, el sistema judicial le otorgó una indemnización de apenas 86,000 pesos, equivalente a menos de dos meses de su salario original.
Este caso evidencia múltiples fallas sistémicas:
- La insuficiente protección real a las trabajadoras embarazadas
- Indemnizaciones que no compensan adecuadamente los perjuicios
- Procesos judiciales lentos y costosos
- Una percepción generalizada de parcialidad a favor del poder económico
La situación de Moronta no es excepcional. Muchas mujeres dominicanas enfrentan la maternidad con temor a represalias laborales, violando el espíritu protector del Código Laboral. Su testimonio -«los jueces se vendieron»- refleja la creciente desconfianza ciudadana en las instituciones.
Aunque Moronta planea apelar, el camino será arduo. Su caso debería servir como llamado de atención para:
- Fortalecer la aplicación efectiva de las protecciones laborales
- Capacitar a los operadores de justicia sobre el impacto social de sus fallos
- Establecer mecanismos más ágiles y accesibles para proteger los derechos laborales
- Revisar los montos indemnizatorios para que sean realmente reparadores
Cuando el sistema falla en proteger a una madre embarazada, no solo vulnera sus derechos individuales, sino que compromete el desarrollo saludable de su hijo y debilita el tejido social. La justicia laboral debe garantizar protección real, no solo teórica.
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