Tierra, Dignidad y Justicia: ¿De quién es realmente la tierra en República Dominicana?

En República Dominicana, la tierra no es solo suelo: es hogar, es herencia, es sustento y, sobre todo, es esperanza. Basta con caminar por cualquier comunidad campesina o barrio popular para entender lo mucho que representa un pedazo de tierra para quien la trabaja, la habita o la sueña. Sin embargo, persiste una paradoja difícil de justificar: el Estado es dueño de millones de tareas de tierra, pero cientos de miles de dominicanos no tienen dónde levantar una casa sin miedo a que llegue una retroexcavadora a derribarla.

Esta crisis no surgió de la nada. A lo largo del siglo XX, el Estado dominicano acumuló vastas extensiones de tierra a través de la Reforma Agraria, la expropiación de ingenios y la disolución de empresas estatales. Sin embargo, nunca desarrolló un verdadero plan para redistribuir esas tierras de manera equitativa y eficiente. Lo que siguió fueron décadas de improvisación: ocupaciones toleradas, asignaciones políticas y vacíos legales que aún hoy impactan a miles de familias.

No se trata de exageración. Se trata de una realidad que muchos prefieren ignorar: el drama de los desalojos, la angustia de no tener un título, la incertidumbre de vivir sobre terreno estatal sin saber si mañana seguirán allí. Mientras tanto, tierras públicas permanecen ociosas, se venden a precios ridículos o terminan en manos de quienes menos las necesitan. ¿Cómo llegamos a este punto?

El Instituto Agrario Dominicano, el Consejo Estatal del Azúcar y Bienes Nacionales gestionan más de 11 millones de tareas. Sí, leyó bien: 11 millones. Sin embargo, hay comunidades completas esperando por un título, familias con más de 30 años en un lugar, sin acceso al crédito ni seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque el sistema de titulación en nuestro país sigue siendo un laberinto burocrático, costoso y alejado de la gente común.

Lo sabe bien Clara, una madre soltera de Azua que ha vivido los últimos 18 años en un terreno baldío del Estado. “Cuando llegué esto era monte. Lo limpié, sembré, levanté mi casa. Mis hijos nacieron aquí. Ahora me dicen que tengo que irme porque viene un proyecto turístico. ¿Y yo? ¿A dónde voy?”, pregunta con los ojos llenos de miedo.

Conseguir un título puede costar más de RD$100,000. Para alguien que vive del día a día, es como pedirle que compre una casa en el extranjero. Entre publicaciones en periódicos, agrimensores privados, evaluaciones técnicas y audiencias judiciales, se va el tiempo… y también la esperanza. Y mientras se posterga la solución, los desalojos siguen ocurriendo. Muchos sin sentencias definitivas. Muchos con violencia. Muchos dejando a familias enteras en la calle sin un plan de reubicación ni apoyo del Estado.

Y ahí está el gran problema: en un país donde hablamos de transparencia, desarrollo y justicia social, el acceso a la tierra sigue siendo un privilegio. Porque el que tiene dinero o influencias consigue sus papeles. El que no, vive con el alma en vilo. Y lo peor: muchas veces quienes más acumulan tierras estatales son quienes ya han sido beneficiados antes. ¿Dónde está el control? ¿Dónde está la fiscalización?

En 2022, Bienes Nacionales inició un censo para saber qué tierra tiene el Estado. Participaron más de 700 instituciones. Sin embargo, aún no contamos con una base de datos clara, pública y actualizada que permita saber quién tiene qué, cómo lo consiguió y si cumplió con los requisitos. Y mientras tanto, miles siguen esperando su pedazo de tierra con un documento que diga: esto es mío. Ese censo, conocido como el Primer Censo Nacional de Bienes Inmuebles del Estado, contó con la participación activa de más de 724 instituciones públicas, incluyendo órganos del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, ayuntamientos y distritos municipales. Su objetivo era levantar información detallada sobre la cantidad, ubicación, uso y condición legal de los bienes inmuebles estatales, como parte de una estrategia para modernizar el sistema patrimonial dominicano. Esta fue una de las iniciativas más ambiciosas de levantamiento institucional en los últimos años, y sentó las bases para exigir mayor transparencia, trazabilidad y acceso público a los datos del patrimonio del Estado.

La titulación no es solo un trámite legal. Es un motor de desarrollo. Un título de propiedad permite a una familia acceder a un préstamo, invertir en mejoras de vivienda, heredar legalmente, formalizar una pequeña empresa. Una comunidad con títulos crece mejor, invierte más y se organiza de forma más sostenible. La tierra con papeles es tierra que produce con dignidad.

Y este no es un tema de izquierda o derecha, ni de campo o ciudad. Es un tema de derechos. De sentido común. De reconocer que el acceso justo a la tierra no puede depender de relaciones políticas ni de la capacidad de pagar un abogado. Urge una política de Estado, una estrategia nacional, un Plan Nacional de Asentamiento Responsable, Titulación y Auditoría de Tierras Públicas que sirva como columna vertebral de un desarrollo verdaderamente inclusivo.

Este plan debe incluir al menos seis pasos básicos: saber qué tierras tiene el Estado, auditar quién las posee y cómo las obtuvo, regularizar los asentamientos históricos, simplificar y abaratar el proceso de titulación, actualizar nuestras leyes para evitar nuevos abusos y, sobre todo, educar a la gente sobre sus derechos. Porque si el pueblo no sabe, el sistema se lo traga.

Pero también debe incorporar un sistema de control riguroso: no puede haber más asignaciones discrecionales, más ventas irregulares ni más beneficiarios repetidos. Debe establecerse una base de datos nacional auditable, accesible, que permita a cualquier ciudadano saber si una parcela es del Estado, quién la tiene y con qué propósito. Transparencia no puede ser una palabra bonita en discursos; tiene que ser práctica y verificable.

Y no tenemos que inventar nada nuevo. Países como Perú, Colombia y Brasil han demostrado que sí se puede. Que se puede titular millones de terrenos con justicia, sin politiquería ni favoritismos. Que se puede dar tranquilidad a las familias sin necesidad de destruir sus casas. Que se puede hacer bien, si hay voluntad.

República Dominicana tiene la oportunidad histórica de corregir décadas de desigualdad en el acceso a la tierra. Pero no lo lograremos si seguimos tratando este tema como algo menor o secundario. La tierra no puede seguir siendo privilegio de unos pocos. Debe ser garantía de dignidad para todos.

No es un asunto de compasión, sino de responsabilidad estatal. No es caridad, es justicia. Y los tomadores de decisiones no pueden seguir posponiendo el debate. La tierra es demasiado importante para dejarla en manos de la improvisación o del clientelismo. Es hora de que el Congreso, el Poder Ejecutivo y las instituciones competentes miren este tema con seriedad, y construyan una política pública robusta, fiscalizable y permanente.

Porque la tierra, cuando se entrega con justicia, no solo cambia un paisaje: cambia destinos, transforma generaciones y sana heridas históricas. Y ningún país puede llamarse justo mientras miles de sus ciudadanos vivan como intrusos en su propia patria.

Porque al final del día, el derecho a la tierra es el derecho a vivir sin miedo. Y eso, en cualquier país que se diga justo, debería ser sagrado. Porque donde hay certeza jurídica, hay desarrollo. Donde hay equidad en el uso del suelo, florecen las comunidades. Y donde hay voluntad política, sí es posible cambiar el rumbo de la historia.

¿Cómo es posible que, en un país con tanta tierra pública disponible, siga siendo más fácil para algunos apropiarse de lo ajeno que para otros legalizar lo que han trabajado durante décadas?

D.T