Lo hemos señalado anteriormente: el Estado dominicano, desde su origen, adoptó un enfoque liberal, y uno de sus pilares fundamentales fue la libertad religiosa. En ese contexto, no es la religión lo que debe prohibirse, sino la injerencia del Gobierno en promover una u otra creencia, especialmente mientras exista un concordato vigente que favorezca una cultura o religión por encima de las demás. Hacerlo es, sencillamente, una violación del mismo concordato.
Ya en el siglo XIX, el general Pedro Santana enfrentó presiones de la Iglesia católica. Esta exigía quedarse con la mayoría de los bienes confiscados a ciudadanos haitianos, ser incluida en el presupuesto nacional y forzar la expulsión de protestantes y masones. Santana no accedió a esas demandas. Por el contrario, terminó convirtiéndose en masón, abrazando sus principios, entre ellos el desprendimiento de lo material. Prueba de ello es que, cuando el Congreso le otorgó una suma de dinero, decidió repartir casi todo entre sus tropas al salir del recinto.
Ese desprendimiento, esa ética, y esa visión de Estado reflejan la altura moral con la que actuaron muchos de nuestros próceres fundadores. Eran hombres que, más allá de sus errores, actuaban con integridad, convicción y sentido de responsabilidad histórica.
En contraste, hoy vivimos bajo una Cuarta República caracterizada por niveles alarmantes de corrupción. El manejo del presupuesto nacional ha caído en manos de individuos desalmados, más preocupados por sus intereses personales que por el bienestar del pueblo o el respeto a la institucionalidad.
Es importante recordar de dónde venimos: de una génesis política y moral construida por personas honradas, comprometidas con la nación y su soberanía. En un tiempo donde la ética pública parece desvanecerse, mirar hacia el pasado no es nostalgia: es una necesidad para replantearnos el futuro.
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