Por: Moreila Guerrero
La política dominicana atraviesa un momento histórico. Nunca antes habíamos visto a una generación de jóvenes asumir con tanta preparación y vigor las riendas de instituciones estratégicas. Sin embargo, ese ascenso no ha estado exento de obstáculos.
El reciente caso de Rafael Feliz, un joven que a sus 29 años ya ha servido al país a través de tres decretos presidenciales —incluyendo el Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), Ministerio de la Juventud y la rectoría del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)—, pone sobre el tapete una realidad cruda: el riesgo de que el activismo mediático suplante a la justicia legal.
La trampa del «rating» sobre la realidad
Recientemente, hemos sido testigos de cómo una narrativa construida para el consumo masivo y el rating televisivo puede desembocar en decisiones drásticas antes de que existan informes legales concluyentes. Se ha señalado a Rafael Feliz bajo acusaciones de «clientelismo» basadas en testimonios anónimos y suposiciones que ignoran la trayectoria de un joven cuya formación como sociólogo y gestor ha sido siempre de cara al sol.
Lo absurdo no es la labor de investigación, la cual es necesaria en toda democracia; lo verdaderamente preocupante es la rapidez con la que se inyecta publicidad y cómo los influencers se montan en el tren del descrédito sin contrastar la veracidad de la información. ¿Es justo que una carrera construida con esfuerzo y transparencia sea juzgada en el tribunal del «clic» y el sensacionalismo?
Se ha tomado una decisión bajo una presión mediática asfixiante. No obstante, como jóvenes políticos, debemos exigir que la destitución no sea el fin del análisis, sino el inicio de una aclaración necesaria que devuelva el honor a quien ha trabajado incansablemente.
Cientos de jóvenes han sido testigos del compromiso de Feliz con la ética y su vocación natural de servir. Quienes caminan con él, comparten los mismos ideales y apuestan a la práctica de una política diferente. La espontaneidad en el apoyo a una causa común no puede ser criminalizada sin pruebas fehacientes.
A quienes comparten en tiempo y espacio la actual generación, los invito a que este caso no sea un motivo para el retiro o el silencio.
Todo lo contrario. Se nos pide silencio a un costo muy alto, pero nuestra respuesta debe ser la altura política.
En un ecosistema político donde el ruido suele intentar sepultar los hechos, debemos alzar la voz con la certeza de que nuestra mayor defensa siempre será el cumplimiento estricto de la norma. No nos amedrenta el juicio apresurado ni el eco de las redes, pues poseemos la resiliencia necesaria ante el descrédito para comprender que el camino de la transparencia es el más difícil, pero es el único que trasciende. Esta es, ante todo, una llamada a la solidaridad generacional: no podemos permitir que el canibalismo mediático devore a nuestros mejores cuadros sin una defensa sólida basada en la verdad, ya que el futuro de nuestra nación no se construye con titulares de un día, sino con la integridad inquebrantable de toda una vida de servicio.
Como joven que conoce a Rafael Feliz extiendo y llamo a extender todo tipo de apoyo y confianza. Este no es solo un gesto de lealtad personal, sino un acto de defensa a una forma de hacer política que cree en el mérito. Rafael volverá a demostrar que su paso por
la administración pública fue una siembra de honestidad.
A los jóvenes dominicanos: que el miedo al mediatismo no frene nuestra vocación de servicio. La República Dominicana nos necesita firmes, transparentes y, sobre todo, unidos.
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