La autoridad municipal es la primera forma visible del Estado. Es en el municipio donde el ciudadano se encuentra con la ley, donde el orden público se traduce en convivencia, y donde la justicia comienza con el respeto a las normas más cercanas: las ordenanzas locales. Dentro de ese marco, la Policía Municipal representa mucho más que un cuerpo de vigilancia; es el rostro operativo de la autoridad local, el símbolo de la ley que actúa con cercanía, educación y servicio.
Su existencia está respaldada por la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, que le otorga la responsabilidad de hacer cumplir las disposiciones municipales, proteger los bienes públicos, garantizar la tranquilidad en los espacios comunes y colaborar en la preservación del orden urbano. Sin embargo, en la práctica, este cuerpo ha sido marginado, degradado a una función secundaria o meramente protocolar, perdiendo el valor institucional que la ley le confiere. Muchos ayuntamientos la han reducido a una simple “categoría cero”, sin presupuesto, sin estructura y sin propósito definido.
Este abandono ha generado una peligrosa brecha entre la norma y la realidad. Donde la Policía Municipal no funciona, el debido proceso se debilita, el ciudadano deja de respetar las reglas locales y la autoridad municipal se diluye. La ausencia de reglamentos nacionales, la falta de recursos y la carencia de capacitación han convertido a la mayoría de los agentes en personal improvisado, sin formación técnica ni herramientas de trabajo. Pero cuando el municipio no tiene presencia en sus calles, parques o mercados, el orden deja de ser una práctica cotidiana para convertirse en una aspiración distante.
La Policía Municipal no sustituye a la Policía Nacional ni compite con las fuerzas del orden. Cada una tiene un ámbito claramente definido. Mientras la Policía Nacional garantiza la seguridad pública general y la persecución del delito, la Policía Municipal debe concentrarse en el orden local, en la protección de los espacios públicos, en el cumplimiento de las ordenanzas y en la mediación de conflictos comunitarios. Su labor es preventiva, educativa y ciudadana. Su misión no es imponer el miedo, sino construir confianza.
Algunos municipios han comprendido esta visión y han decidido transformar su Policía Municipal en un verdadero cuerpo técnico al servicio del desarrollo local. En Santiago de los Caballeros, por ejemplo, el Ayuntamiento impulsó un programa de capacitación de tres meses para sus agentes, abarcando temas de seguridad ciudadana, legislación municipal, leyes viales, atención al usuario, convivencia pacífica y uso correcto de la fuerza. Esta formación, desarrollada con apoyo del Ministerio de Interior y Policía, convirtió a los agentes en funcionarios instruidos, conscientes del papel que desempeñan en la aplicación del debido proceso dentro del territorio. El resultado fue visible: mayor presencia ordenada en el casco urbano, mejor trato ciudadano y más articulación con otras dependencias municipales. Santiago demuestra que cuando se invierte en conocimiento, se multiplica la confianza pública.
Otro ejemplo se encuentra en Santo Domingo Este, donde la administración municipal ha implementado un plan de modernización que incluye talleres permanentes sobre la Ley 176-07 y las ordenanzas locales, además de la entrega de vehículos de patrullaje, uniformes y herramientas de comunicación. Con esto, se ha logrado que el cuerpo policial municipal tenga mayor movilidad, presencia en los barrios y colaboración directa con las juntas de vecinos y las unidades de planeamiento urbano. Los ciudadanos de este municipio reconocen la diferencia: una policía cercana, capacitada y respetuosa, que se percibe no como una autoridad distante, sino como parte activa del orden cotidiano.
Asimismo, Santo Domingo Norte ha dado pasos relevantes al mantener una presencia permanente de sus agentes en parques, avenidas y centros públicos, promoviendo la interacción con los munícipes. Esta estrategia ha fortalecido el civismo local, reducido los actos vandálicos y mejorado la percepción de seguridad en espacios familiares. En este municipio, la Policía Municipal ha asumido un rol educativo: orientar, prevenir y acompañar, demostrando que la proximidad social puede ser más efectiva que la coerción.
Estos casos confirman que la profesionalización, la articulación interinstitucional y la visibilidad ciudadana son los tres pilares para devolverle a la Policía Municipal su legitimidad. No se trata solo de reformar un cuerpo, sino de redefinir su propósito dentro de la estructura del Estado local. Si se logra establecer un Reglamento Nacional de Policía Municipal, aprobado por el Ministerio de Administración Pública y el Ministerio de Interior y Policía, junto con un programa nacional de formación y certificación, el país podría contar con un cuerpo uniforme, profesional y digno en todos los municipios.
A la vez, la creación de una Escuela Nacional de Formación Municipal, bajo coordinación de la Liga Municipal Dominicana, permitiría preparar a los agentes en temas de derechos humanos, ordenamiento territorial, seguridad preventiva, mediación comunitaria y ética institucional. Ninguna autoridad debe actuar por impulso, sino conforme a la ley y al procedimiento. Cuando el agente municipal conoce la norma, su autoridad se vuelve legítima y respetada.
La participación de la Policía Municipal en las Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género es igualmente crucial. Ninguna institución conoce mejor los barrios, los parques o los mercados que los agentes municipales. Su presencia constante los convierte en sensores sociales que pueden detectar conflictos antes de que se agraven. Si se integran plenamente en esas mesas, aportarán información real y oportuna para diseñar políticas de prevención del delito, seguridad vial y convivencia comunitaria. Un municipio con una Policía Municipal activa es un municipio más seguro, más ordenado y más confiable.
El impacto de este modelo trasciende lo operativo. Una Policía Municipal fortalecida influye directamente en la percepción de seguridad, el respeto por las normas y la cultura cívica. Los municipios donde este cuerpo funciona con disciplina y educación tienden a tener espacios públicos más limpios, comercios más organizados y comunidades más tranquilas. Cuando el ciudadano ve que su propio gobierno local es capaz de hacer cumplir la ley, recupera la confianza en el Estado y en la democracia.
La recuperación del poder municipal comienza por recuperar su autoridad. La Policía Municipal no es un gasto, sino una inversión en gobernanza, convivencia y respeto. Retomarla con seriedad, dotarla de recursos, profesionalizarla y articularla con la sociedad civil es una decisión que puede transformar el clima social de los pueblos. Si Santiago, Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte han demostrado que es posible, cualquier municipio puede hacerlo. Solo se necesita voluntad política, visión institucional y compromiso ético.
El orden no se impone, se construye. Y ese orden comienza en el municipio: en la esquina, en la plaza, en el parque y en el mercado. Allí donde la autoridad local hace presencia, el caos retrocede. Retomar la Policía Municipal con responsabilidad es devolverle a la comunidad el valor de la ley, la confianza en la justicia y la dignidad del gobierno local. Porque cuando los pueblos aprenden a respetar sus propias normas, el país entero aprende a respetarse a sí mismo.
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