Por décadas, los gobiernos locales han sido promovidos como pilares de la descentralización y del desarrollo comunitario. Sin embargo, la realidad en muchos ayuntamientos dominicanos es un reflejo alarmante de las fallas estructurales y políticas del sistema. Promesas incumplidas, clientelismo desenfrenado, ineficiencia administrativa y violaciones sistemáticas a las leyes se han convertido en la norma, dejando a los ciudadanos con servicios deficientes y una creciente desconfianza en sus autoridades locales.
El exceso de personal: Una carga insostenible
Una de las problemáticas más evidentes en los ayuntamientos es el inflado de las nóminas municipales. Este fenómeno, lejos de ser un problema técnico o aislado, es el resultado directo del clientelismo político, donde los cargos municipales se otorgan como recompensa electoral y no en función de las necesidades reales del municipio.
Según datos de la Dirección General de Presupuesto, algunos ayuntamientos destinan hasta un 60% de sus recursos a cubrir salarios, muy por encima del límite del 25% establecido en el artículo 21 de la Ley 176-07. Esto deja una porción mínima para la inversión en obras de infraestructura, servicios básicos o proyectos comunitarios.
A esto se suma que gran parte de los empleados municipales no cumplen funciones productivas. Es común encontrar casos de trabajadores que no asisten a sus labores, mientras otros, los menos, realizan las tareas de cinco o seis personas, con salarios que apenas cubren lo básico.
“En muchos casos, los que verdaderamente trabajan son los peor remunerados y los más maltratados. Mientras tanto, aquellos que no cumplen con sus responsabilidades disfrutan de privilegios, respaldados por sus conexiones políticas”, señala un trabajador municipal que prefirió no revelar su identidad.
El clientelismo político: Una cultura enquistada
El clientelismo es, sin duda, el núcleo del problema. Durante las campañas electorales, los candidatos a alcaldes y regidores hacen promesas de empleos y contratos que, al llegar al poder, se traducen en un sobredimensionamiento del aparato administrativo. Este sistema no solo mina la eficiencia de los ayuntamientos, sino que perpetúa una cultura de dependencia y mediocridad.
Además, esta práctica vulnera principios fundamentales de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, que exige transparencia en la contratación de personal y servicios. En lugar de realizar concursos abiertos, los puestos son asignados a discreción, sin evaluar competencias ni necesidades reales.
La carga sobre los verdaderos trabajadores
En este contexto, la responsabilidad de mantener la operatividad de los ayuntamientos recae en una minoría de trabajadores comprometidos. Estas personas asumen múltiples roles, enfrentan la falta de recursos y, en muchos casos, son víctimas de maltrato laboral.
“Soy secretario, mensajero y hasta chofer cuando falta alguien. Lo hago porque amo mi trabajo, pero es frustrante ver cómo otros cobran sin mover un dedo”, comenta otro empleado municipal.
Esta dinámica no solo afecta la moral de los trabajadores, sino que también limita la capacidad del ayuntamiento para responder a las necesidades de la comunidad.
Violaciones legales sistemáticas
La ineficiencia y el desorden administrativo no solo son cuestiones éticas, sino también legales. Las administraciones locales incurren en violaciones constantes de las normativas que regulan su funcionamiento:
- Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios:
- Artículo 248: Obliga a realizar auditorías administrativas y financieras periódicas. Sin embargo, muchos ayuntamientos operan sin controles ni rendición de cuentas.
- Artículo 22: Establece que al menos el 40% del presupuesto debe destinarse a inversiones en obras y servicios, una disposición frecuentemente ignorada.
- Ley 498-06 sobre Planificación e Inversión Pública:
- Exige la elaboración de planes de desarrollo municipales. Sin embargo, la mayoría de los ayuntamientos carecen de planificación estratégica.
- Ley 64-00 de Medio Ambiente:
- Obliga a integrar criterios de sostenibilidad en los proyectos municipales, algo que muchas veces se ignora en favor de intereses particulares.
- Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas:
- Exige procesos de contratación transparentes, un mandato raramente cumplido en el ámbito municipal.
Los ciudadanos: Las principales víctimas
El impacto de esta situación recae directamente sobre los ciudadanos, quienes deben lidiar con calles en mal estado, basura acumulada, inseguridad y una ausencia general de servicios básicos.
“Pagamos impuestos, pero no vemos resultados. El ayuntamiento no se preocupa por nosotros, solo por sus propios intereses”, expresa un residente de un municipio del interior.
¿Es posible el cambio?
La solución a este problema requiere un enfoque integral y valiente:
- Transparencia y rendición de cuentas: Auditorías regulares y públicas que expongan el uso de los recursos municipales.
- Contratación basada en méritos: Implementar procesos de selección abiertos y competitivos.
- Fortalecimiento institucional: Capacitación constante del personal y creación de incentivos para mejorar el desempeño.
- Participación ciudadana: Involucrar a la comunidad en la planificación y supervisión de los proyectos municipales.
El desafío de los gobiernos locales
La pregunta que queda es si los líderes locales están dispuestos a romper con el clientelismo y asumir el reto de transformar las administraciones municipales. Sin cambios estructurales y un verdadero compromiso con la legalidad y la eficiencia, los ayuntamientos seguirán siendo un reflejo de las promesas incumplidas y un obstáculo para el desarrollo local.
La presión ciudadana y la voluntad política serán los motores del cambio. Solo entonces los gobiernos locales podrán cumplir con su propósito: ser gestores del progreso y guardianes del bienestar colectivo.
A los políticos
¿Están dispuestos a romper con el clientelismo y priorizar el bienestar colectivo sobre los intereses políticos, garantizando transparencia, eficiencia y justicia en la administración municipal?
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