La Cordillera Central de la República Dominicana es mucho más que un macizo montañoso. Es el corazón hídrico del país y el punto de origen de los principales ríos que sustentan la vida, la agricultura, la energía hidroeléctrica y el abastecimiento humano. Sin embargo, hoy se encuentra en una situación crítica. Las lluvias recientes han expuesto su vulnerabilidad ante la deforestación, la expansión agrícola no regulada, la perforación descontrolada de pozos tubulares y la falta de implementación de un verdadero plan de ordenamiento territorial.
Localidades como Constanza, Tireo, Jarabacoa y su distrito municipal Manabao, Piedra Blanca en Bonao, La Sabina, Los Dajaos, Las Espinas y El Convento, son testigos y víctimas de las consecuencias del descuido ambiental. Las crecidas de los ríos, los deslizamientos de tierra, las inundaciones en zonas agrícolas y urbanas, así como la pérdida progresiva de cobertura boscosa, evidencian que la Cordillera Central está al borde del colapso funcional como sistema hídrico nacional.
Lo que estamos viviendo no es un capricho de la naturaleza, es el resultado directo de nuestras acciones. Como ciudadano preocupado por el futuro de nuestras comunidades, considero alarmante la manera en que hemos permitido que una región tan vital para el país caiga en un proceso acelerado de degradación.
La expansión de predios agrícolas sobre las cabeceras de los ríos ha reducido la capacidad de infiltración del agua, ha compactado los suelos y ha incrementado la sedimentación aguas abajo. La proliferación de pozos tubulares, muchas veces sin estudios ni licencias ambientales, ha alterado los mantos freáticos y acelerado la pérdida de caudales. Mientras tanto, la institucionalidad ambiental se ahoga entre la burocracia, la falta de seguimiento técnico y la escasa voluntad política.
Aunque la Ley 64-00 contempla la creación de consejos de cuenca como instrumentos fundamentales para una gestión integrada del agua, en la práctica estos organismos son escasos y poco funcionales. La mayoría de las cuencas de la Cordillera Central no cuentan con una estructura activa de gobernanza, y muchas veces, los intentos de implementación se ven obstaculizados por la falta de interés de las autoridades y de apoyo técnico sostenido.
Un ejemplo aislado es el Consejo de Cuenca del Río Nizao, creado en 2022 con una inversión anunciada de RD$1,001 millones. Este plan incluye la restauración de 16 kilómetros del río y la generación de empleos verdes, pero iniciativas similares no se han replicado en otras zonas clave como Constanza, Jarabacoa o Piedra Blanca.
Según el propio Ministerio de Medio Ambiente, la inversión autorizada en permisos ambientales aumentó un 44% en 2022, alcanzando más de RD$108 mil millones. No obstante, este crecimiento no se ha traducido en una mejora sustancial en la gestión de las cuencas hidrográficas ni en una política efectiva de protección del recurso agua.
El Plan Yaque, una iniciativa público-privada reconocida por el gobierno dominicano, ha sido fundamental en la coordinación de esfuerzos para el desarrollo sostenible de la cuenca del río Yaque del Norte. Desde su sede en Jarabacoa, ha implementado programas de reforestación, agroforestería y monitoreo de la calidad del agua, contribuyendo a la reducción de la degradación del suelo en un 18% en la región
Sin embargo, a pesar de estos logros, persisten desafíos significativos. La deforestación continúa siendo una amenaza latente, impulsada por prácticas agrícolas insostenibles y la expansión urbana descontrolada. Además, la falta de una implementación efectiva de políticas ambientales y la escasa asignación de recursos han limitado el alcance de las acciones del Plan Yaque.
Como dominicanos, debemos asumir la realidad con seriedad. La falta de acción estructurada nos puede llevar, en pocos años, a una crisis hídrica que nos obligue a recurrir a organismos internacionales para subsanar el daño causado por nuestra indiferencia. Es imperativo que fortalezcamos la planificación territorial, que delimitemos las zonas prioritarias de microcuencas, que restauremos las áreas degradadas con reforestación técnica, que regularicemos el uso del suelo y que exijamos a las autoridades locales y nacionales el cumplimiento de la ley.
Las experiencias internacionales nos muestran que sí es posible revertir el daño. Colombia, Costa Rica, México y China han logrado resultados positivos al aplicar modelos de gestión integrada de microcuencas, con participación comunitaria, reforestación, educación ambiental y monitoreo ciudadano. Podemos y debemos replicar estos modelos en nuestras montañas.
La Cordillera Central no puede esperar más. Cada minuto que pasa sin acción es una herida más al corazón hídrico de la República Dominicana. Actuar ahora no es solo una decisión ambiental, es una obligación moral, social y política.
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