«CONSTANZA MERECE MÁS», LA PROMESA VERDE QUE ESPERA HACERSE REALIDAD

En lo alto de la Cordillera Central, el municipio de Constanza se erige como uno de los territorios con mayor riqueza natural de la República Dominicana. Su clima templado, suelos fértiles y abundancia hídrica lo convierten en un enclave estratégico para la producción agrícola, la conservación de la biodiversidad y el ecoturismo. Sin embargo, el rostro que hoy muestra esta región dista mucho del que debería presentar si las autoridades responsables hubiesen honrado su compromiso con el desarrollo sostenible.

En 2016, se diseñó un Plan Estratégico para la Gestión Efectiva de los Recursos Naturales de Constanza. Un documento que, lejos de ser una simple declaración de intenciones, representaba una herramienta concreta, técnicamente sustentada y socialmente respaldada para detener el deterioro ambiental del municipio. No obstante, desde su formulación, ha sido víctima de la indiferencia institucional, quedando relegado a una gaveta ministerial. Esta situación es tan alarmante como inaceptable.

El Plan de 2016 contenía cinco ejes principales: conservación de ecosistemas, regulación del uso agrícola, manejo de fuentes hídricas, participación comunitaria y fortalecimiento institucional. Fue aprobado por el Concejo Municipal, con respaldo del Ministerio de Medio Ambiente y un presupuesto proyectado de RD$ 92 millones por fase. Sin embargo, nunca se asignaron los fondos para su ejecución.

El plan surge en respuesta a una crisis ambiental multifactorial que afecta no solo a Constanza, sino también a regiones que dependen directamente de sus recursos hídricos y agrícolas. La deforestación progresiva, la expansión de la frontera agrícola hacia zonas de alta montaña, la utilización indiscriminada de agroquímicos, la perforación de pozos ilegales y la falta de tratamiento de residuos sólidos configuran un escenario de alto riesgo ambiental. Esta problemática fue ampliamente documentada en medios de comunicación y señalada por organizaciones locales, encabezadas por el Consejo Ambiental de Constanza, cuya voz fue crucial para que se iniciara la elaboración del mencionado plan.

A pesar de contar con una formulación técnica sólida y de haber sido consensuado interinstitucionalmente, el plan ha quedado paralizado por la falta de asignación presupuestaria, un reflejo de la falta de voluntad política para abordar de manera seria la crisis ecológica. El Ministerio de Medio Ambiente, que debió ser el garante de su implementación, no ha hecho más que actuar de forma reactiva y fragmentada, delegando su responsabilidad bajo el pretexto de carencias presupuestarias. Pero el abandono no es solo financiero: es también conceptual. Constanza representa un caso paradigmático donde las prioridades del desarrollo nacional aún chocan con una visión extractiva del territorio, que privilegia la producción intensiva sin considerar los límites ecológicos.

El marco legal que debería proteger los ecosistemas es claro: El artículo 14 de la Constitución declara como patrimonio nacional los recursos naturales no renovables; el artículo 16 establece que las áreas protegidas son inalienables; y la Ley 64-00 prohíbe la agricultura intensiva en suelos con inclinaciones superiores al 60%. Sin embargo, la práctica cotidiana contradice estos preceptos.

Las actividades agrícolas se desarrollan a plena vista sobre suelos de alta pendiente, incluso dentro de parques nacionales, con efectos devastadores: erosión, pérdida de cobertura vegetal, contaminación de fuentes hídricas y reducción del caudal de ríos estratégicos como el Nizao, Jimenoa, Yaque del Norte y Yaque del Sur.

Datos de uso del suelo revelan una situación alarmante:

Estos ríos nacen en Constanza y abastecen de agua a buena parte del país, incluida la zona metropolitana de Santo Domingo. Es decir, el deterioro ambiental de Constanza tiene una relación directa con la seguridad hídrica nacional. Esta condición convierte a Constanza en un activo estratégico cuya degradación compromete no solo la agricultura y el turismo local, sino también los sistemas de salud pública, energía y abastecimiento de agua potable. Pese a ello, la acción estatal ha sido débil, cuando no cómplice. La construcción de infraestructuras turísticas ilegales, la extracción indiscriminada de agua a través de pozos, y la ampliación de la frontera agrícola en zonas de reserva son apenas algunos ejemplos de esta permisividad.

Un componente esencial del plan es su enfoque en la participación social. A diferencia de muchas políticas públicas diseñadas desde escritorios en la capital, este documento fue nutrido por aportes de comunidades rurales, organizaciones no gubernamentales y actores económicos locales. Esta característica le da legitimidad social y operativa. Sin embargo, al ignorarse su ejecución, también se ignora el esfuerzo colectivo de estas comunidades que, por décadas, han advertido del colapso ambiental inminente si no se aplican correctivos urgentes. Fortalecer el rol de las comunidades no es solo un acto de justicia, sino una condición necesaria para garantizar la sostenibilidad de cualquier política ambiental.

Indicadores sugeridos para seguimiento y monitoreo ambiental:

El municipio de Constanza ocupa más del 60% de su superficie dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. A pesar de este reconocimiento, solo el 1% del territorio se encuentra bajo planes efectivos de manejo forestal. Las estadísticas son claras: mientras los bosques retroceden, la agricultura intensiva avanza. Esta dinámica refleja una presión creciente sobre los recursos naturales que, sin intervención inmediata, podría llevar a la pérdida irreversible de ecosistemas enteros.

Lo más grave es que, mientras el deterioro avanza, los mecanismos de control institucional se debilitan. La fiscalización ambiental es escasa y muchas veces ineficaz. Las sanciones, cuando se imponen, resultan simbólicas frente al daño causado. Y el discurso oficial, que por momentos se presenta comprometido con la sostenibilidad, rara vez se traduce en hechos concretos. Esta disociación entre el discurso y la práctica debe ser abordada con seriedad si se quiere evitar que el plan de Constanza se convierta en un nuevo símbolo del fracaso institucional dominicano en materia ambiental.

Afortunadamente, no todo el panorama es desolador. El gobierno local ha mostrado señales concretas de compromiso con la causa ambiental. En su propio Plan Municipal de Desarrollo 2023-2027 se reconoce la urgencia de actualizar y ejecutar de manera efectiva el Plan Estratégico de Recursos Naturales de Constanza. Este plan establece una serie de indicadores y actividades orientadas a fortalecer la gestión ambiental local y solucionar problemas estructurales relacionados con el deterioro ecológico del municipio.

Este interés se ve reforzado a través de la Mancomunidad de las Altas Cumbres, conformada en 2024, una plataforma de colaboración territorial que integra a los municipios de Constanza, Jarabacoa y Tireo, y que ha asumido el rol de ente articulador de una visión regional de sostenibilidad. El Ministerio de Medio Ambiente se ha comprometido formalmente a apoyar todo lo relacionado con esta mancomunidad, reconociendo su potencial para liderar una zonificación del territorio mediante la implementación de un plan de ordenamiento territorial acorde con las particularidades de cada municipio, conforme lo establece la Ley 368-22, incluyendo el apoyo para la creación de los Consejos de Cuencas en los ríos que circulan dentro de dichos territorios.

Desde esta instancia se ha manifestado la intención de reactivar el plan con una visión renovada, impulsando la creación de mecanismos técnicos de seguimiento, sistemas de monitoreo con indicadores claros, y una estructura institucional que garantice que los resultados sean no solo medibles y verificables, sino también sostenibles en el tiempo. Esta postura representa una oportunidad concreta de pasar del diagnóstico a la acción, siempre que se acompañe de voluntad política, asignación presupuestaria y apoyo técnico.

Acciones sugeridas por plazo:

Una mención especial merece el municipio de Tireo, que en el momento de la formulación del plan era considerado un distrito municipal, pero que hoy cuenta con autonomía administrativa y ha mostrado disposición para alinearse con los objetivos de sostenibilidad del plan estratégico. Tireo representa una subregión con retos ambientales particulares, especialmente en el manejo de suelos agrícolas y conservación de fuentes de agua. Su incorporación activa en la actualización y ejecución del plan no solo es lógica, sino también urgente, dado que su territorio forma parte de cuencas vitales para el país y concentra un número significativo de unidades productivas. Las autoridades de Tireo, junto a las de Constanza y otros municipios vecinos, deben consolidar una agenda común que fortalezca la gobernanza ambiental desde lo local, con una visión de largo plazo que trascienda los períodos administrativos.

Resulta inaceptable que un plan con tanta relevancia ecológica y social permanezca sin ejecutar. Si de verdad se quiere proteger el patrimonio natural del país, debe actuarse con determinación. Esto implica asignar los recursos necesarios, fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones responsables, y establecer un cronograma claro de implementación. Implica también asumir compromisos reales de colaboración entre el sector público, privado y la sociedad civil. La sostenibilidad no es un discurso de ocasión: es una necesidad estructural del país.

La comunidad científica, los medios de comunicación y la ciudadanía en general deben redoblar sus esfuerzos para mantener este tema en la agenda pública. Es momento de romper la inercia, de abandonar la lógica de la espera infinita y asumir que el tiempo de actuar es ahora. Constanza puede y debe convertirse en un modelo nacional de gestión ambiental. No por romanticismo ecológico, sino por sentido común, por visión de futuro, por justicia intergeneracional.

La historia ambiental de la República Dominicana no tiene que seguir siendo la crónica de oportunidades perdidas. Constanza es, aún hoy, una oportunidad vigente. Pero cada día que pasa sin acciones concretas, la posibilidad de redención se vuelve más distante. Que este artículo no sea solo un llamado de atención, sino un punto de inflexión. Que sirva para mover conciencias, para generar presión ciudadana, para comprometer a quienes tienen poder de decisión. Porque cuando se pierde un ecosistema como el de Constanza, no se pierde solo un paisaje: se pierde vida, se pierde agua, se pierde futuro.

La sostenibilidad nacional podría comenzar en las montañas de Constanza. O extinguirse con ellas.

Y frente a este escenario, surge una pregunta ineludible: si la Ley de Medio Ambiente establece una franja de protección de 30 metros en las orillas de los ríos y esos márgenes están ocupados por cultivos, ¿quién está cumpliendo la ley y quién la viola cuando el Estado termina compensando a productores por pérdidas en terrenos que legalmente no les pertenecen? ¿No es hora de abrir este debate con seriedad? ¿O deberíamos entonces reformar la ley para establecer una franja menor de protección, siempre que se garantice un cumplimiento real y verificable por parte de todos los actores involucrados?