“Multas sin educación y el alto precio de ignorar la enseñanza vial en República Dominicana”

En República Dominicana, hablar de tránsito es hablar de una de nuestras tragedias más persistentes. Aunque la Ley No. 63‑17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, promulgada en 2017, representa un avance indiscutible sobre el papel, la realidad en nuestras calles y carreteras demuestra que el país sigue atrapado en un círculo vicioso donde las multas abundan, pero los accidentes aumentan, y la educación vial continúa siendo una promesa mayormente incumplida.

Basta con revisar las cifras recientes para entender la magnitud del problema. Solo en los primeros tres meses de 2024, los accidentes de tránsito se incrementaron en casi un 30 %, con 578 personas fallecidas, un 29 % más que en el mismo período del año anterior. En el acumulado de 2024, las víctimas fatales superaron las 1,600, según datos ofrecidos por medios nacionales, y desde la promulgación de la Ley 63‑17, más de 17,000 dominicanos han perdido la vida en accidentes viales. Esto significa que, pese a los esfuerzos normativos, seguimos perdiendo cerca de dos mil vidas cada año por causas que, en su mayoría, podrían prevenirse.

En teoría, el marco legal es robusto. La Ley 63‑17 establece claramente la necesidad de educación vial, prevé la creación de la Escuela Nacional de Educación Vial (ENEVIAL), impulsa campañas educativas permanentes y regula un régimen de sanciones que debería servir tanto para castigar infracciones como para prevenirlas mediante la formación ciudadana. Sin embargo, aunque la ENEVIAL existe legalmente y tiene funciones definidas en la ley —como se establece en artículos como el 9 y el 31— su presencia es limitada, su estructura institucional es poco visible y su alcance resulta insuficiente para cubrir de manera sostenida toda la geografía nacional. En la práctica, su rol ha quedado reducido a acciones puntuales y de bajo impacto, sin el peso operativo ni presupuestario que le permitiría cumplir la misión que la ley le asigna.

A esto se suma que no existe una partida presupuestaria obligatoria que destine parte de las recaudaciones por multas a programas permanentes de educación vial. El dinero de las multas va a la Tesorería Nacional y se diluye en el presupuesto general del Estado, mientras la población sigue, en gran parte, desinformada sobre sus derechos, deberes y las normas más básicas de circulación.

El resultado de esta omisión es que miles de dominicanos, especialmente en zonas rurales y barrios empobrecidos, desconocen detalles esenciales de la Ley 63‑17. Muchos creen que la seguridad vial se limita a llevar casco protector o ponerse el cinturón de seguridad, cuando en realidad existen decenas de infracciones contempladas en la ley, desde documentación vencida hasta el uso indebido de luces o la violación de señales de tránsito. Pero, ¿cómo exigir cumplimiento si nunca se enseña? ¿Cómo esperar respeto por la ley si nadie la explica de forma clara y constante?

A esto se suma un problema gravísimo: la aplicación intermitente y, muchas veces, arbitraria de la ley. Hoy vemos agentes de tránsito apostados en un semáforo, y mañana han desaparecido para trasladarse a otra esquina, dejando la sensación de que la ley se aplica por ráfagas y no como un sistema constante y previsible. Este comportamiento genera desconfianza y alimenta la percepción de que las multas son más un instrumento de recaudación que una medida para salvar vidas.

La ciudadanía observa, con razón, que los agentes están más enfocados en recaudar que en educar. Y es aquí donde reside una enorme contradicción. La ley exige educación, pero la realidad impone sanciones sin explicación. Se multa a ciudadanos que desconocen su falta, se retienen vehículos o licencias sin que la persona entienda claramente qué disposición legal violó, y no se entrega material educativo que ayude a evitar la infracción en el futuro. En un país donde las estadísticas de la OMS sitúan la tasa de mortalidad vial en cerca de 67 muertes por cada 100,000 habitantes, esta omisión educativa constituye una tragedia por sí sola.

La solución no está en seguir creando leyes, sino en aplicar con constancia, educación y pertinencia las que ya existen. Es indispensable establecer por ley que un porcentaje fijo de las recaudaciones por multas —al menos un 20 o 30 %— se destine exclusivamente a programas de educación vial, con fondos auditados y protegidos de desvíos presupuestarios. Además, es necesario instaurar de manera obligatoria un programa de educación vial en todos los grados escolares, durante todo el año lectivo, para formar generaciones que comprendan sus derechos y responsabilidades en las vías públicas. También es vital municipalizar parte del control de tránsito. Los gobiernos locales, mediante policías municipales debidamente capacitados, deben poder fiscalizar puntos críticos de forma estable y permanente, para evitar el caos que provoca la improvisación y la movilidad arbitraria de los agentes de tránsito nacionales. Esto permitiría que el ciudadano sepa siempre dónde y cómo se fiscaliza, y contribuiría a generar respeto y confianza en la autoridad.

Por otra parte, es esencial que cada multa se convierta en una oportunidad educativa. Los agentes de tránsito deberían entregar, junto a la boleta, un volante informativo donde se explique la infracción cometida, el artículo de ley que la sustenta, las consecuencias legales y consejos para evitarla. Así, la sanción dejaría de ser simplemente un castigo económico para convertirse en una herramienta pedagógica.

Finalmente, es imprescindible establecer un régimen disciplinario firme para los agentes de tránsito, de modo que sepan que están sujetos a sanciones si vulneran los derechos de los ciudadanos o actúan con abuso de poder. Porque es un hecho que, aunque poco conocido, la ciudadanía dominicana tiene el derecho constitucional y legal de interponer acciones legales contra agentes que incumplan los protocolos de trato adecuado y el debido proceso.

No podemos continuar bajo un sistema que castiga sin educar, que cobra sin enseñar y que espera orden donde no se siembra conocimiento. No se pueden seguir promulgando leyes, normativas o reglamentos si no existe primero una ciudadanía educada, informada y consciente, porque de nada sirve el mejor texto legal si quienes deben cumplirlo y aplicarlo, tanto ciudadanos como autoridades, desconocen su alcance y sus derechos. Mientras sigamos legislando sin educar y recaudando sin enseñar, seguiremos lamentando tragedias, pagando multas que cobran vidas y perpetuando un sistema que, en lugar de salvar dominicanos, los está condenando al peligro constante en nuestras vías.