Santo Domingo. RD. – Organizaciones sociales denunciaron que el Senado de la República aprobó un proyecto de Código Penal profundamente regresivo que protege a corruptos, permite la censura y el abuso de poder contra la ciudadanía, y desampara a las víctimas de violencia, a las mujeres y a niñas y niños.
Las organizaciones responsabilizaron directamente al liderazgo del PRM por este proyecto, recordando que tienen mayoría calificada en el Congreso y han ignorado las demandas ciudadanas. “Este no es un Código Penal para proteger a la gente y perseguir a los delincuentes. Es un instrumento para blindar a los corruptos y políticos, para silenciar a la ciudadanía y para negar justicia a mujeres, niñas y víctimas de violencia”, denunciaron desde la coalición de organizaciones.
La decisión final la tendrá el presidente Luis Abinader, cuando este proyecto llegue a sus manos y deba elegir qué legado va a dejar a la República Dominicana”, advirtió la Coalición.
Puntos Críticos del Código Penal aprobado en el Senado
Las organizaciones denunciaron que el proyecto aprobado en el Senado:
Facilita la impunidad para actores políticos y religiosos, excluyendo de responsabilidad penal al Estado, ayuntamientos, partidos políticos e iglesias. También limita la prescripción de los delitos de corrupción a 20 años.
Criminaliza insultos a funcionarios públicos, castigando con cárcel expresiones que “afecten su dignidad”, incluso si no son públicas.
Permite requisas sin orden judicial ni causa probable, dando a militares y policías el poder de intervenir vehículos y pertenencias sin supervisión. Y, además, permite que los agentes prohíban grabar requisas, impidiendo documentar abusos policiales, en un país con alto índice de abusos de la policía y los militares.
Permite penas de hasta 30 años por compartir información con empresas o entidades extranjeras, sin especificar que deba tratarse de datos sensibles, lo que podría usarse para perseguir periodistas o incluso empresarios que buscan promover proyectos de inversión.
Limita la tipificación del feminicidio solo a casos con violencia sexual o exposición del cuerpo de la víctima.
Criminaliza insultos a funcionarios públicos, castigando con cárcel expresiones que “afecten su dignidad”, incluso si no son públicas.
Reduce las penas por violencia de género a tan solo 1 a 3 años en casos graves, incluso cuando hay amenazas de muerte, presencia de menores o violación de órdenes de alejamiento.
Permite agredir físicamente a niños y niñas si no se demuestra un patrón de violencia, naturalizando la violencia intrafamiliar.
Limita la persecución judicial contra violadores sexuales al restablecer la prescripción, desconociendo los efectos del trauma.
Reduce las penas por violación en pareja, y exige probar violencia física o uso de drogas, dejando sin protección a miles de víctimas.
Excluye las tres causales, obligando a niñas y mujeres a enfrentar embarazos inviables, peligrosos o producto de violación.
El proyecto pasará ahora a la Cámara de Diputados, en donde debe ser revisado en dos lecturas. Luego Pasa a Presidencia para su aprobación u observación
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