Cada día, en el gran teatro de nuestras ciudades, los uniformados grises despliegan su actuación, buscando entre los trabajadores honestos su próximo objetivo. Parece que la ley se aplica con más rigor a quienes menos tienen, a quienes, por cortesía o miedo, detienen su marcha y asumen la responsabilidad. Es ahí donde el «atraco al hombre honesto» cobra vida.
La Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en la República Dominicana establece un marco legal claro para la regulación del tránsito y la imposición de sanciones. Según esta ley, el 75% de lo recaudado por multas de tránsito va a la Procuraduría General de la República, mientras que el 25% restante se destina al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). Estos fondos están supuestamente destinados a mejorar la seguridad vial y prevenir accidentes, pero ¿realmente es así?
En la práctica, mientras los trabajadores honestos se ven obligados a pagar multas que pesan sobre sus ya limitados recursos, en los barrios donde la ley parece inexistente, el delincuente se escabulle, intocable, conociendo el «secreto del gris». Aquellos que se atreven a enfrentar la ley de la calle saben cómo evadirla, pero el trabajador, la mujer que cumple con su jornada y el hombre que lucha por llegar a fin de mes, no tienen esa ventaja. Se detienen, pagan, y la justicia nunca les concede una oportunidad.
Aquí es donde entran en juego los mecanismos de control y fiscalización establecidos en la misma Ley 63-17, que deben garantizar que las multas y sanciones sean aplicadas de manera justa y transparente. A pesar de que el dinero recolectado está destinado a áreas como la seguridad vial y la prevención de accidentes, la falta de transparencia y la sensación de injusticia persisten. ¿Por qué entonces parece que estos fondos no se reflejan en mejoras tangibles en las comunidades que más lo necesitan?
Y entonces surge la pregunta: ¿dónde termina lo que se recauda? Con una semana de recaudación en los lugares donde verdaderamente se evade la ley, podríamos construir casas para las familias honestas que siempre asumen su parte, aunque no son los culpables. Es en estos barrios olvidados donde las leyes parecen ser tan frágiles como el papel, y el gris nunca aparece.
La Ley 176-07, que regula el Distrito Nacional y los Municipios, fue diseñada para descentralizar el poder y fortalecer la autonomía municipal, incluyendo la gestión de recursos a nivel local. Sin embargo, la falta de un reglamento de aplicación efectivo ha debilitado la capacidad de los municipios para supervisar y garantizar que esos fondos se usen adecuadamente en beneficio de la comunidad. Así, mientras las multas continúan recaudándose, los beneficios para los ciudadanos parecen escurrirse entre las grietas de un sistema que no rinde cuentas.
La cuestión final que todos nos hacemos es la misma: ¿quién multa a los que multan? ¿Quién pone en orden a quienes deberían ser ejemplo de justicia, pero se han convertido en otra cara de la desigualdad?
Es hora de preguntarnos si la balanza de la justicia está realmente equilibrada o si solo pesa más para quienes menos pueden. Y, en última instancia, es imperativo que se exija la rendición de cuentas no solo a quienes violan la ley, sino también a aquellos encargados de hacerla cumplir. Porque, si realmente el dinero de las multas se destina a mejorar nuestra seguridad vial, ¿por qué seguimos viendo que los problemas persisten? ¿Dónde están las mejoras que nos prometieron?
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